Ya no es tiempo de liderazgos únicos ni órdenes de arriba. Es la moraleja que queda tras una semana de caliente pulseada.
La Convención colorada, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y la narcopolítica dominaron la agenda, y mostraron la pérdida de poder de los líderes del PLRA y la ANR. En medio, el presidente Horacio Cartes buscando despegarse, pero sin poder eludir los efectos de la onda expansiva de estas derrotas.
ANR. La Convención colorada mostró cómo están las fuerzas y sobre todo quiénes serán los actores. El oficialismo empieza a mostrar fracturas. Los gobernadores marcaron su territorio en la última asamblea, que dijo no a las alianzas y unificó internas. Allí, el vicepresidente Juan
Afara, acusado desde las entrañas palaciegas de complotar junto a los gobernadores para echar mano al presupuesto general, fue la estrella. Aplaudido a rabiar, junto al sureño Luis Gneiting, dejó un mensaje con sabor a 2018. Los gobernadores fueron claves para el triunfo de
Cartes. Ahora pretenden ser los protagonistas principales. Aún juegan a las escondidas con respecto a su objetivo electoral, pero ya tiran cartas sobre la mesa.
En esta guerra de guerrillas en el oficialismo se suma la candidatura de Marito Abdo, cuyo padrino oficial es Juan C. Galaverna, aunque en el fondo aparece Cartes. Esta jugada dejó en offside a Lilian Samaniego, quien pretende la reelección al frente de la ANR.
El panorama empezó a agitarse en medio de una gran confusión que tendrá impacto en la gestión presidencial.
JUICIO A LA CORTE. La veloz decisión de las cúpulas de la ANR y el PLRA por destituir a 4 ministros judiciales tuvo un freno abrupto. El lobby de los magistrados con los diputados no alineados dio sus frutos, dejando mal parados a Blas Llano y Samaniego/Galaverna, que impulsaron con fuerza el proceso. El error estratégico de no haber agotado el tema previamente con los diputados y senadores, anteponiendo la carreta a los bueyes, está llevando al fracaso la renovación parcial de la Corte Suprema.
La rebelión no es por el cuoteo como pretenden hacer creer los que traban el juicio, sino la “prepotencia” de las cúpulas partidarias. Ningún legislador defiende a los ministros cuestionados.
También fue un error despreciar los votos de la bancada socialista. Si bien es cierto que colorados y liberales solos pueden ejecutar el plan, ello exige unanimidad. Pero al haber fractura en ambos partidos, cobró fuerza repentina la bancada progresista, que sumó sus votos en contra del juicio político, complicando aún más el plan del juicio político.
Esta rebelión es un mensaje para los líderes que creen que pueden imponer sus ideas desde arriba sin antes testear el clima. “Es para que Cartes y Llano sepan que no tienen todo el poder, y que el tiempo de gracia para el presidente se acabó”, dijo un legislador alineado a la revuelta.
Aunque todo parece indicar que este año ya sería imposible renovar la Corte, algunos aún creen que es probable negociando sobre los futuros ministros alejando el cuoteo puro y duro.
Los ministros cuestionados (Bajac, Blanco, Núñez y Garay) ganaron tiempo, pero más tarde o más temprano se impondrá la tesis del juicio porque hay más razones para cambiarlos que para mantenerlos. Lo demuestran los propios legisladores que se oponen al juicio. Ninguno se anima a defenderlos públicamente.
NARCOPOLÍTICA. Tras la impactante presentación del senador Arnaldo Giuzzio en la plenaria de los supuestos narcodiputados, se dio una peculiar batalla entre el Senado y la Fiscalía. Los legisladores asumieron oficialmente la denuncia, basada en datos de la Senad, para lo cual convocaron a los fiscales al Parlamento. Estos, en una especie de declaración de independencia, respondieron que por protocolo eran los senadores los que debían ir hasta la Fiscalía.
“Somos los más interesados en participar y discutir este tema. No obstante, tenemos un protocolo de recepción de las denuncias, y por esa vía deben presentarse, a fin de preservar la legalidad de las mismas y la cadena de custodia. Pasa por una cuestión legal, a fin de preservar los elementos en un proceso penal”, dijo el adjunto Federico Espinoza. Humillados los senadores, enviaron a sus secretarios con la mediática denuncia.
Los fiscales aprovecharon para acusarlos de vedettistas por haber ventilado los datos proveídos por la Senad. La narcopolítica es una pelota tatá (pelota de fuego). Hay temor por ir al fondo de la cuestión porque es una bomba expansiva: a unos afectará más que a otros.
Las rebeliones en las entrañas del cartismo, el eco débil de Llano en el PLRA, muestran un nuevo panorama de contrapesos que obliga a las cúpulas a dar más concesiones.
