Se trata de la Resolución 344/2024, en la que se incluye a varias entidades públicas y gremios del sector productivo, aunque se excluye a algunos.
Entre las asociaciones privadas que no fueron incluidas está la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), pese a que es uno de los gremios que también se encuentra en debate constante sobre el tema, sobre todo, teniendo en cuenta que la madera es uno de los productos afectados por la normativa europea.
Ante esto, desde el MIC afirmaron a Última Hora que se decidió realizar una adenda a la resolución e incluir más gremios. Aunque señalaron que la firma del nuevo documento se realizaría en la tarde de ayer, hasta el cierre de esta edición aún no se publicó el documento.
En el equipo mixto también se agregó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Mitic, Corte Suprema, la DNIT, el Instituto Nacional del Indígena (INDI), el Instituto Forestal Nacional (Infona) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).
Dichos entes se suman al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que ya fueron establecidos como parte del equipo vía Decreto 1541.
Gremios. Por el sector privado fueron incluidos la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) y la Cámara Paraguaya del Cuero (CPC).
Asimismo, otros gremios que también integran el equipo de trabajo son la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), la Asociación de Productores de Soja Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) y la Central Nacional de Cooperativas (Unicoop).
Posturas dispares. Si bien la mayoría de los gremios coinciden en que la implementación de un sistema de trazabilidad debe ser de adhesión voluntaria y mayormente gradual, entre los mismos poseen algunas posturas divididas. En ese sentido, desde Capeco afirman que se debe trabajar en una alianza público-privada, mientras que la UIP y la Cappro son los principales que instan a que Paraguay se adapte a las exigencias socioambientales.
4,1% es el promedio de las relaciones de exportación con la Unión Europea, según los datos oficiales del BCP.
Por su parte, la UGP se mantiene en que la implementación de un sistema puede incluso apeligrar la sobernía. Héctor Cristaldo, titular del gremio, dijo que la norma 1115 se contrapone al marco jurídico paraguayo y que el peligro está en que la legislación europea se internalice en internamente, además de que temen que se establezca un sistema obligatorio. “El que quiere vender a la comunidad europea que haga el proceso entre privado y que consiga a los productores que quieran producir en esas condiciones”, reclamó en una entrevista anterior con ÚH.
