Por Luis Bareiro
Es probable que padezca de un exceso de suspicacia, mal frecuente entre quienes ejercemos el periodismo. Tantos años hurgando en la miseria del poder me convirtieron en un escéptico a tiempo completo.
Veo conspiraciones en donde, probablemente, solo existen hechos casuales y actitudes e interpretaciones independientes que por azar terminan armoniosamente vinculadas beneficiando por mero accidente a personas relacionadas de alguna forma con quienes ejercieron o ejercen el poder.
Doy ejemplos.
Hace como cuatro meses, una fuente me acercó copias de documentos que probaban la existencia de una red de empresas fantasmas montadas para vaciar bancos en liquidación.
Para evitar que desaparecieran los originales, tomé la precaución de presentar el caso a la Fiscalía antes de publicar la historia.
Así, la misma mañana en que la denuncia se hizo pública, agentes fiscales allanaron las oficinas de los bancos afectados y se aseguraron de que los documentos quedaran a buen resguardo.
Ante tantos elementos de prueba, supuse que la Justicia podría darle un tratamiento rápido. Incluso albergué la pobre esperanza de que se pudiera recuperar parte del dinero desviado.
Después de todo, los principales acreedores de estos bancos en quiebra son el Banco Central y el IPS. O sea, es dinero público.
Alguien me advirtió de que habría complicaciones porque el principal afectado, el síndico de quiebras, Guido Planás, es yerno de Óscar Miguel Bajac, ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Me pregunté cómo un magistrado podría trabar una investigación que estaba apenas en su primera fase. No había imputaciones siquiera, menos un juicio en curso.
Dos días después supe cómo: recusaron a la fiscala responsable del caso, Rocío Vallejo.
Apartar a un fiscal es cosa seria. Hay muy pocos argumentos válidos para hacerlo. Así lo entendió el jefe directo de Vallejo, Carlos Arregui, quien desestimó la acción. Los abogados recurrieron entonces ante la Corte Suprema de Justicia.
Profesionales del derecho me explicaron que el trámite de una recusación nunca puede ser largo. En países serios dura como mucho una semana, dos en el nuestro.
La recusación de Vallejo está en trámite hace tres meses. Le pregunté a la ministra Alicia Pucheta cómo era posible. Dijo que ella ya emitió su dictamen y que el problema es con su colega Sindulfo Blanco, el correligionario liberal de Bajac.
Consulté y Blanco le echó la culpa a la Fiscalía porque supuestamente se demoró en facilitarle algunos documentos. En realidad el ministro pidió los 31 tomos del expediente para estudiarlos y los pidió un mes y medio después de haber recibido la recusación.
Hay más. A la fiscala nunca le pidieron un descargo. La están juzgando sin siquiera escuchar su versión. Cuando me enteré, le pedí una explicación a Blanco. No supo qué decir.
Vallejo siguió trabajando. Hace dos semanas presenté ante su oficina documentos que prueban cómo con fondos de Itaipú financiaron la campaña colorada.
La mujer inició una investigación contra personas innominadas; vale decir, sin identificar personas.
Me dijeron que la iban a recusar. Pregunté cómo si ni siquiera hay imputados.
Lo hicieron.
El caso está otra vez en la Corte, en manos de Sindulfo Blanco, entre otros. El hombre dijo que se expedirá esta semana.
Y aquí viene otra vez mi maldito escepticismo.
Lo siento ministro, no le creo.