El malestar social en Paraguay no es nuevo. Antes incluso del inicio de la pandemia, el país se debatía con una población trabajadora que en su mayoría no lograba con su trabajo honesto ganar lo suficiente para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. De acuerdo con los datos, entre el 60% y 70% no ganaba el equivalente a un salario mínimo, no contaba con seguridad social y trabajaba de manera precaria. Casi la mitad de este grupo ya estaba en situación de pobreza y, con la llegada de la pandemia, su situación empeoró.
La emergencia económica y el bajo nivel de consumo ya era una realidad para gran parte de la población paraguaya y durante muchas generaciones. Uno de los indicadores más relevantes es el deterioro de la calidad de alimentos, lo que se refleja en el rápido aumento de enfermedades relacionadas con la malnutrición. Esta situación no afecta solamente a los adultos, sino también a los niños, niñas y adolescentes, y es bien sabido que las consecuencias acompañarán a estos individuos por el resto de sus vidas reduciendo sus capacidades y oportunidades, hipotecando su futuro y el del país.
Los últimos 15 años en Paraguay fueron positivos reduciendo la pobreza; sin embargo, se debe admitir que no se lograron cambios importantes en la estructura social permaneciendo gran parte de la población con altos niveles de vulnerabilidad económica, incluso la clase media.
En este sentido, según la información disponible, los ingresos laborales permanecieron bajos y con una tendencia decreciente desde 2015. Con servicios públicos de baja calidad, el gasto de bolsillo en salud y educación es alto, a lo que se agrega el endeudamiento de los hogares.
La pandemia profundizó las condiciones negativas, ya que las familias aumentaron su endeudamiento, las que tenían ahorros los usaron ya sea para consumir, para mantener sus negocios a salvo o para financiar los costos de la enfermedad.
Así, la combinación de bajos ingresos con gastos básicos elevados deja poco espacio para que la economía familiar logre mantener niveles de consumo aceptables y con calidad en un contexto de aumento generalizado de los precios.
A la crisis generada por la llegada del Covid-19 se agrega la guerra entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias en la producción de alimentos y combustibles. Increíblemente, Paraguay es uno de los países más afectados siendo productor de alimentos y energía renovable, los dos principales causantes de inflación.
Por baja que sea la tasa de aumento del índice de precios al consumidor, los hogares paraguayos tienen muy baja capacidad para enfrentar el aumento de los precios de la canasta familiar.
Sin políticas que impulsen la producción de alimentos, modifiquen la matriz energética y garanticen calidad de servicios públicos esenciales, no habrá forma de parar el deterioro de la calidad de vida.
Si bien el escenario pareciera estar mejorando, ya que se observa una ralentización del ritmo de crecimiento del nivel de precios, la tendencia alcista continuará, mientras que la incertidumbre se mantendrá.
El Gobierno debe tomar precauciones y contar con medidas para mitigar la persistencia de la inflación. Actualmente, la principal medida de contención es la monetaria, pero sabemos que es insuficiente y eventualmente inútil, por lo que es mejor ser prudentes en las proyecciones con respecto al futuro. El riesgo de que el malestar social se acreciente es alto, por lo que urgen intervenciones públicas para garantizar un mínimo de paz social y la recuperación económica.
