El ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que están ultimando los detalles de la herramienta “cesión de derecho de cobro o factoraje” para el pago de la deuda a los proveedores farmacéuticos del Ministerio de Salud Pública (MSP). Esta herramienta estará lista esta semana para la negociación.
“Estamos hablando de herramientas alternativas porque la posibilidad de una cancelación inmediata en este ejercicio fiscal es imposible y con este presupuesto, por eso estamos poniendo alternativas de financiamiento que le permita al proveedor acceder a una liquidez negociando esa factura con un banco”, dijo.
La semana pasada se desarrolló una reunión con los representantes con las farmacéuticas para continuar con las negociaciones con miras a amortizar la deuda de aproximadamente de USD 1.000 millones de todos los servicios de salud, no solo de medicamentos.
La cesión de derecho de cobro (factoraje) está en proceso y solo faltarían algunos trámites de asesoría jurídica, para posteriormente negociar y emitir una resolución.
Al respecto, el ministro Lovera dijo que esperan cerrar la propuesta esta semana para poner a disposición de los proveedores farmacéuticos.
Con este instrumento, en caso de ser aceptado, los proveedores deberán negociar con los bancos. Posteriormente, en caso de avanzar el pacto se debe determinar el monto a ser otorgado como cesión de derecho de cobro.
“En base a un acuerdo que (el proveedor) pueda llegar con una entidad financiera, principalmente bancos, y, a partir de ahí, determinar cuál va a ser el monto que podríamos nosotros otorgar en cesión, atendiendo un poco también a que todavía no tenemos determinado cuál podría ser la demanda que tenga el mercado al respecto”, indicó.
AMORTIZACIÓN. El ministro de Economía destacó que en el marco de las negociaciones se procedió a pagar USD 100 millones en abril y que esta semana se prevé otro desembolso de USD 80 millones a los proveedores.
Los voceros de las farmacéuticas anunciaron la semana pasada que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prometió dos desembolsos más USD 50 millones en junio y USD 70 millones en julio.
El ministro de Economía explicó que tienen aprobado hacer este procedimiento y que no requieren una autorización por ley.
Mientras continúa la negociación, se espera que esta semana el Senado estudie el proyecto de ley que amplía “el objeto de gasto” que permite la cesión de cobro de la deuda no solo en el rubro de medicamentos, sino también en servicios tercerizados.
Ministra de Obras señala que solo será utilizado como mecanismo de contingencia
A pesar de que desde el Gobierno se presentó la Ley de Factoraje como una salida rápida a la crisis por las deudas con los sectores de la construcción y farmacéuticas, finalmente, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, aseguró que ahora se apunta a utilizar esta figura como un mecanismo para futuras contingencias. Afirmó que se buscará cubrir las necesidades del sector priorizando la ejecución presupuestaria ordinaria. Reiteró que los pagos realizados por el MEF permitieron reducir en más del 50% las deudas con las constructoras.
Centurión, quien habló con los medios en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado ayer, explicó que el foco inmediato del Ejecutivo ha sido mitigar la deuda arrastrada sin recurrir aún a nuevos instrumentos financieros. Afirmó que para los próximos días se prevé nuevos desembolsos que permitan cubrir el 85% de lo adeudado a las constructoras, cuyo monto varía según ingresos de nuevos certificados de obras, pero se mantiene en un promedio de USD 250 millones.
Con las inyecciones continuadas entre abril y mayo, desde el MOPC se proyecta un impacto financiero de aproximadamente USD 150 millones de pagos en este primer bimestre, según expresó la funcionaria.
“Estas obligaciones se están cubriendo íntegramente contra el presupuesto vigente del año 2026, utilizando tanto fondos externos como locales”, expresó.
REPROGRAMACIÓN. El MOPC presentó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) su plan de reprogramación presupuestaria, para cumplir con el programa de ejecución de varias obras sin asignación de recursos o con presupuesto limitado. Las demoras en esta definición ponen en riesgo la continuidad de algunas obras, según fuentes.
Varias son las obras afectadas por la insuficiencia de fondos, con el propósito de poder ejecutar en el presente presupuesto, o directamente se encuentran sin asignación presupuestaria, por la rigidez que se da en cumplimiento con el tope fiscal.
Algunas obras afectadas son el corredor O’Leary San Cristóbal, Paso de Patria - Humaitá, Pilar-Paso de Patria, Ybyrarobaná-Katueté, entre otras. Asimismo, figura el Plan Central, que incluye la pavimentación y mejora de más de 135 kilómetros de calles.
Por otro lado, en las obras de Pilar-Paso de Patria-Humaitá se cuenta con un presupuesto de G. 446.000 millones, con asignación limitada de recursos para la ejecución de este año. Igualmente, en el caso del corredor O’Leary-San Cristóbal en todos los tramos se tendrá un costo de G. 260.000 millones, y requiere de una reprogramación presupuestaria para la continuidad de la ejecución.
- 100 millones de dólares suman solo los intereses generados por el retraso de pagos a las constructoras.
