1) La absoluta prioridad en la protección al trabajo, al ingreso y al consumo familiar.
2) La mirada puesta en el mediano plazo, ya que los efectos económicos de la crisis en los hogares continuarán a mediano (1 año) y largo plazo en muchos casos (4-5 años).
La propuesta de ley del Gobierno en este ámbito tiene varias estrategias, dos de ellas dirigidas de manera directa a proteger la capacidad de consumo de los trabajadores durante los meses de aislamiento social y dos de apoyo financiero: una a mipymes y otra a la pequeña y mediana agricultura, que ocupa una parte muy importante del empleo.
Los dos grupos de trabajadores/as que serán apoyados/as son los/as informales de mipymes y los/as trabajadores/as formalizados/as en IPS. Los primeros recibirán un apoyo económico del 25% del salario mínimo hasta por dos veces. Para los trabajadores/as que están como contribuyentes del IPS, el Ministerio de Hacienda prevé una transferencia a esta institución para apoyar las licencias por enfermedad y financiar el mantenimiento del puesto de manera a disminuir el riesgo de pérdida del empleo. En ambos casos, los procedimientos se definirán en las siguientes semanas.
Dadas las características de ambos grupos, el beneficio se concentrará fundamentalmente en el sector urbano, por lo que queda pendiente otra medida prometida que es el monto y la cobertura de Tekoporã y la pensión alimentaria para personas mayores. Esta medida es necesaria no solo para mitigar el efecto inmediato de la crisis, sino también para incentivar la permanencia en el sector rural.
El gran crecimiento de las áreas metropolitanas de las principales ciudades del país es el resultado de la migración que a su vez obedece a las mayores, aunque indignas muchas veces, oportunidades económicas y de acceso a los servicios públicos como los de salud y educación. Necesitamos mantener el distanciamiento social lo más posible.
La segunda medida busca “suavizar” el shock económico de los hogares con la postergación de pagos impuestos, seguridad social y servicios sociales por unos meses.
El Gobierno está solicitando al Congreso la postergación del pago de los mismos. En el caso de energía eléctrica y agua debería considerar una reducción sustancial o inclusive su gratuidad en el caso de las poblaciones de menores ingresos y por un plazo bastante mayor, ya que la epidemia proseguirá. Vivimos en el país del agua y de la energía eléctrica y planteamos la misma solución que países menos aventajados que nosotros.
Una reducción de los costos –o gratuidad– de servicios públicos también ayudará a las micro y pequeñas empresas ya que estas generalmente tienen parte de su proceso productivo o de comercialización en las viviendas de sus propietarios.
En el mismo sentido, la propuesta del Poder Ejecutivo incluye una capitalización de Essap. Esta transferencia es de gran trascendencia, tanto en la prevención del virus como por su impacto económico, ya que sin agua potable no hay ninguna posibilidad de producción.
Las dos medidas tendientes a impulsar la actividad económica en los meses siguientes al aislamiento social son de carácter financiero, ya que apoyan el acceso al crédito de las mipymes a través de la creación de un fideicomiso y a la pequeña y mediana agricultura.
Es de esperar que el sistema MAG y el MIC contribuyan a impulsar estos sectores y provean los demás servicios complementarios ya que ocupan al 70% de la población y en el caso de la agricultura familiar y la producción de alimentos, permiten la estabilidad de los precios de alimentos reduciendo el riesgo de inflación y de deterioro de la capacidad adquisitiva en un año que será largo y duro para las familias paraguayas.
La crisis se financiará con el recorte del gasto público –hasta ahora en recursos humanos– y el endeudamiento. Si bien es posible estar de acuerdo en que es necesario hacer más eficiente y, sobre todo, justo al sistema de remuneraciones, también es cierto que esta propuesta vuelve a sostenida por los/as trabajadores/as, mientras que el agronegocio, el alcohol, el tabaco, las bebidas gaseosas, que causan daño a la salud y exigen gasto en salud pública no fueron afectados, así como tampoco las grandes riquezas.
Dado que nuestro sistema tributario está sostenido por impuestos indirectos, el peso de la crisis volverá a caer sobre la población general, mientras que los eternos privilegiados permanecerán con su bajo aporte al desarrollo.
Esta crisis dejará en tres meses desempleo, enfermedad y muertes y así como está financiada, una carga de la deuda que extenderá por los próximos 50 años. La élite no quiere ceder sus privilegios ni siquiera en una pandemia, mientras que nuestra clase política está más comprometida con los intereses particulares que con el bien común.
