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Mayoría de los gerentes de Cartes tienen tardías afiliaciones a la ANR

Varios ex ministros cartistas, salvo dos excepciones, recurrieron a la afiliación para ingresar a un puesto público y luego usar las puertas giratorias para favorecer sus negocios en sus empresas.

Los conocidos casos de puertas giratorias en el entorno cartista revelan cómo los gerentes del grupo empresarial del ex presidente de la República Horacio Cartes utilizan a la Asociación Nacional Republicana (ANR) para poder ser parte del Estado mediante altos cargos.

No son colorados de cuna, la mayoría cuentan con una afiliación de hace pocos años en el Partido Colorado, en coincidencia con el periodo en el que fueron ministros de Cartes o poco antes (ver infografía). Las excepciones son Gustavo Leite (afiliado en 1981) y Juan C. López Moreira (1990).

El mismo Santiago Peña, actual precandidato a la presidencia por Honor Colorado, se afilió recién en 2016, cuando era ministro de Hacienda.

Otro caso llamativo es el de Carlos Gustavo Fernández Valdovinos, quien fue presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) de 2013 a 2018, y a su salida, pasó a ser director del Banco Basa. Su afiliación data del 20 de diciembre del 2021, lo que evidencia que se cuenta con él para algún cargo ante una eventual victoria del cartismo en 2023, como sucedió con otros ministros. Incluso, Horacio Cartes se afilió a la ANR en el 2009 con miras a las internas del 2012, sin siquiera haber votado en toda su vida.

Las puertas giratorias son utilizadas por el sector cartista para desarrollar sus negocios. La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González, principal impulsora del proyecto de ley de conflicto de intereses, que penaliza estas puertas giratorias, sostiene que colorados “utilizan el Estado para enriquecer su patrimonio individual” y además “utilizan al Partido Colorado para potenciar sus negocios e intereses”.

La economista Verónica Serafini manifestó que las puertas giratorias son una forma de corrupción. “El problema de la puerta giratoria no es solo la circulación del sector público al privado. También del sector privado al público por el riesgo de ‘captura regulatoria’ o influencia a favor de una empresa, rama o sector. El argumento desde una supuesta posición ’tecnócrata’ es la transferencia de conocimiento desde el sector privado, supuestamente, más eficiente que el sector público. La evidencia no lo demostró, por lo que también se regula y en países desarrollados es una forma de corrupción”, explicó.

Resistencia

La bancada de Honor Colorado en la Cámara de Diputados se opone fuertemente al proyecto conflicto de intereses, que afectaría sus negocios. Por ese motivo, retrasan su tratamiento.

Una gran cantidad de diputados, por ejemplo, tienen intereses económicos en el rubro de estaciones de servicio, incluso proveyendo de combustible a entes públicos. Recientemente, estudiaron una ley que subsidia a emblemas privados y antes, a Petropar. El mismo presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, tiene dos surtidores de ambos sectores.

De hecho, Alliana y su dupla Santiago Peña no consideran las puertas giratorias como dañinas para el Estado.

La ley

El 29 de marzo de 2021 se presentó un proyecto de ley que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, y amplía la Ley 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la Función Pública. Kattya anunció que llegó a un acuerdo con Basilio Núñez, quien también explota estaciones de servicio, para aprobar en general la ley este miércoles, y luego tratarla en particular.

Supuestamente, habría apoyo del oficialismo, ya que el mismo presidente de la República, Mario Abdo, denunció que Cartes utiliza información privilegiada del Estado para enriquecer sus negocios y abrir más empresas.

Entre otros puntos, el proyecto señala que las personas que han ocupado cargos públicos no podrán, por el periodo de dos años, trabajar en una empresa del sector privado con la que mantuvo una vinculación directa o participó en contrataciones.

La ley también establece la declaración jurada de intereses de cada funcionario, incluyendo a sus familiares, para evitar un posible conflicto. Si no se presenta la declaración o se falsean datos, deberá pagar multa y será castigado con la prohibición de ocupar un cargo público por 10 años.

Del mismo modo, la propuesta presentada por el Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad incluye la prohibición de nepotismo, es decir, ninguna autoridad pública podrá contratar directamente a un familiar.

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