La bancada cartista, conocida como “la aplanadora” en el Congreso, ya mostró señales de que mantendrá su criterio al no incluir a dichos poderes en la ley, a diferencia de lo que pretendía la propuesta presentada por el gobierno del presidente Santiago Peña y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La iniciativa había sido presentada originalmente en el año 2022 bajo el mandato del entonces presidente Mario Abdo Benítez, pero este año Peña envió una nueva versión.
Hubo un total de 40 propuestas de cambios que finalmente quedaron en 20, según explicó el vicepresidente de la Comisión de Legislación, el colorado Luis Pettengill.
Protestas. Las diversas organizaciones sindicales de funcionarios estatales que habían solicitado el aplazamiento del proyecto de ley para el año próximo convocaron a una manifestación para esta mañana en las plazas frente al Congreso Nacional.
La Central Nacional de Trabajadores (CNT) y otros gremios anunciaron, ayer en conferencia de prensa, las movilizaciones que realizarán en Asunción.
Un grupo de manifestantes se concentrará en la plaza del Congreso y otros estarán en puntos estratégicos de la ciudad capital para mostrar su descontento por la iniciativa.
Afirman que este proyecto de ley podría afectar la estabilidad laboral y sindical. También se manifestarán contra la reforma laboral, por la seguridad social, la libertad sindical y la política salarial.
Estos grupos participaron en las audiencias públicas de debate sobre el proyecto de ley y manifestaron que varios puntos atentan contra la estabilidad laboral y derechos sindicales de los trabajadores estatales.
Por otro lado, la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la Honorable Junta de Gobierno del Partido Colorado emitió un pronunciamiento a favor del proyecto de ley.
“En cumplimiento a una agenda de trabajo marcada por el señor presidente del glorioso Partido Colorado, don Horacio Manuel Cartes Jara, quien en su momento nos ha instado a trabajar y acompañar el proceso del tratamiento del proyecto de la ley de la función pública y la carrera del servicio civil, para que esta sea beneficiosa para todos los funcionarios públicos, sin distinción de banderías políticas, credos o religiones”, señala parte del comunicado.
Análisis. Ayer se llevó a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Legislación –la de Hacienda y la de Derechos Humanos–, donde fueron expuestas las objeciones diversas y, finalmente, se consensuaron 20.
Asistieron como invitados Andrea Picaso, viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y Marco Aurelio González, procurador general de la República.
Picaso había señalado en una audiencia anterior en el Congreso que la intención del Poder Ejecutivo era que la ley abarque a todos los funcionarios públicos y no solamente a uno de los tres poderes.
Legisladores de la oposición y de la bancada colorada disidente expresaron su desacuerdo con la idea de excluir a los poderes Legislativo y Judicial de la ley, señalando que sería un despropósito y una mala señal que evidencia la idea de mantener privilegios.
