Visiblemente emocionada y con la voz quebrada, la primera ministra británica Theresa May anunció ayer su dimisión, reconociendo su incapacidad para hacer aceptar el acuerdo negociado con Bruselas y dejando al Reino Unido bajo la amenaza de un brexit brutal.
“Lo intenté tres veces pero no fui capaz de lograr que el Parlamento aprobase el acuerdo de divorcio”, afirmó ante las cámaras de televisión frente a la puerta del número 10 de Downing Street, su residencia oficial en Londres.
La jefa de gobierno conservadora, que llegó al poder en julio de 2016 tras la renuncia de su predecesor David Cameron por la inesperada victoria del brexit en el referéndum, quería a toda costa sacar a su país de la UE, pero desde hacía meses estaba cada vez más sola y debilitada políticamente. “Creo que era correcto perseverar incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas, pero ahora me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo”, agregó al borde de las lágrimas.
May dejará el cargo el 7 de junio, tras recibir al presidente de EEUU, Donald Trump, quien visitará Reino Unido del 3 al 5. La semana siguiente comenzará el proceso para designar a su sucesor, que será nombrado antes del receso parlamentario, el 20 de julio.
Numerosos aspirantes deberían lanzarse en los próximos días a esa carrera. De momento, anunciaron sus ambiciones el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, y su predecesor, Boris Johnson. Este último, un controvertido defensor de cortar claramente los puentes con la Unión Europea, llamó inmediatamente llamó al país y al Partido Conservador a unirse y cumplir con el brexit.
Tras el referéndum de junio de 2016 en que 52% de británicos votó a favor de poner fin a 45 años de integración europea, Reino Unido debía haber abandonado el bloque el 29 de marzo.
Tras año y medio de arduas negociaciones con la UE, May logró en noviembre firmar con sus 27 socios europeos un Tratado de Retirada que en 585 páginas recoge las condiciones de la salida británica, desde la factura de 39.000 millones de libras (50.000 millones de dólares) que tendrá que pagar Reino Unido hasta los derechos de los europeos que residen en el país.
