La matriz salarial en la función pública fue puesta en marcha oficialmente en 2015, durante el Gobierno de Horacio Cartes, como una forma de lograr un ordenamiento en las remuneraciones y contener el aumento del gasto en los rubros ligados al sueldo del funcionariado.
Esta herramienta unificaría al salario básico el 70% de las bonificaciones y gratificaciones que recibía cada persona hasta el 2014, dejando el 30% aún disponible para el pago de beneficios adicionales.
A siete años de su implementación y ya con las entidades de la Administración Central casi totalmente adheridas, si bien ciertamente permitió una especie de sinceramiento en cuanto al gasto salarial, no impidió su desborde, según los datos oficiales al cierre del 2022.
Las estadísticas del Ministerio de Hacienda dan cuenta de que el desembolso estatal en sueldos y beneficios ligados pasó de los G. 12,1 billones (USD 1.653 millones) en 2014 a los G. 19,4 billones (USD 2.652 millones) en 2022. En términos porcentuales, el crecimiento es del 60%.
¿Qué pasó? Para los economistas Manuel Ferreira y Aníbal Insfrán, el problema no fue la herramienta en sí, sino las perforaciones que se fueron dando durante el proceso de su implementación.
El ex ministro de Hacienda señaló que un elemento trascendental es el alto endeudamiento que tienen los funcionarios públicos. Esta situación devino en dos cosas: Por un lado, los sindicatos presionan cada año por subas salariales, y las consiguen en connivencia con parlamentarios; y por el otro, se fueron creando nuevos beneficios como el subsidio familiar, que se pueden otorgar cinco veces al año, como pagos únicos similares al sueldo mínimo.
Fue bastante crítico y aseguró que la matriz salarial fue “una estafa” porque no cumplió con sus objetivos.
“Hoy estamos teniendo incrementos en la recaudación que se están transformando en salarios y no en gastos que sean redistributivos para la población”, manifestó.
Insfrán, a su turno, consideró que sí se pudo ordenar de algún modo los cobros de los funcionarios, determinados por categorías y rubros.
No obstante, coincidió con Ferreira en que la clase política fue quebrando la herramienta en los sucesivos estudios del Presupuesto General de la Nación (PGN), con aumentos a numerosos sectores y masivas creaciones de cargo.
“Al final, no sirve de nada ordenar, si cada año se aprueban más gastos y el Tesoro debe ver de dónde sacar el dinero para cumplir”, refirió.
Según los datos oficiales, en los últimos años se han aprobado aumentos salariales y equiparaciones para docentes, funcionarios administrativos de la UNA, actuarios judiciales, jueces de paz y funcionarios de centros asistenciales, entre otros.
La cantidad de funcionarios de la Administración Central, por su parte, creció en 12%. Así, el anexo de personal pasó de los 210.457 en 2014 a los 236.249 en 2022 (ver las infografías).
Sugerencias. Para Manuel Ferreira, una alternativa válida es la aprobación del proyecto de ley que establece el servicio civil.
Indicó que esta normativa, además de contener el gasto en salarios y beneficios, permitiría contar con reglas claras sobre la carrera del personal, priorizando la meritocracia por sobre intereses coyunturales. Lamentó que este planteamiento “duerma el sueño de los justos” en el Congreso.
Aníbal Insfrán fue más drástico y afirmó que debe ir pensándose en limitar la potestad del Parlamento de aprobar gastos sin sustento técnico, en especial de aquellos destinados a salarios y en tiempos de elecciones.
“El PGN va todos los años al Congreso, elaborado por técnicos entendidos. Y ellos (parlamentarios) dicen necesito más para salarios, necesito gente acá o acá, córtale a este (ente) y dale a este. Y el daño que hacen es tremendo”, expresó.
El uso de los recursos tuvo feroz aumento, según Dende
De acuerdo con el reporte dado a conocer este viernes por la organización Desarrollo en Democracia (Dende), el gasto de las entidades que componen la Administración Central se ha quintuplicado en los últimos 20 años, pasando de los G. 9,9 billones en 2003 a los G. 56,2 billones en 2023.
El documento da cuenta de que el número de instituciones también tuvo un importante crecimiento, pasando de 20 a 32, lo que implica una variación del 60%.
Pese a este colosal aumento, resalta que la calidad del gasto no ha mejorado ni se ha traducido en mayor bienestar para la ciudadanía.
