El 11 de abril se emitieron 70 nuevas órdenes de desalojo por inmuebles ocupados y ubicados dentro de la finca 66. Anteriormente ya se ejecutaron 29, por lo que los vecinos están sumamente preocupados. Existe un juicio de mensura judicial tendiente a definir los límites y la ubicación de la finca en cuestión, expropiada por el Estado a favor de la Municipalidad de Ciudad del Este en 1990. Desde entonces, empezaron los problemas y se constituye en caldo de cultivos de aprovechadores y políticos corruptos.
Elvio Barúa, representantes de los moradores de la finca 66, refirió que se constituyeron en la sede comunal y luego ante el juzgado para que se les aclare el tema. “El 11 de abril apareció orden de desalojo por 70 casas. Imagínese la dimensión del problema para las familias afectadas. Solo falta que se asigne a un oficial de Justicia para que se ejecute”, expresó.
Insistió que es hora de buscar una solución al conflicto que pone en vilo a unas 20.000 familias. “El mayor problema se centra en 23 asentamientos, son los que están en problemas. Hay varios barrios donde se resolvió el problema, se les vendió el terreno. Acá a nadie quiere que se le quite su casa, queremos una solución así como está. Si tiene título, se respeta”, acotó.
Con la mensura judicial, la cual ya concluyó, se espera una resolución judicial; incluso, la Comuna esteña va a tener un mayor ingreso por cobro de impuestos. “La finca 66 fue expropiada y por la que el Estado paraguayo pagó 44.000 millones de guaraníes. Eso va a traer tranquilidad. Hay gente que vive en estas tierras hace más de 30 años y viven en zozobra porque constantemente reciben notificación de que se les va a desalojar”, expuso.
MINUCIOSO. Wilmer Cuevas, asesor jurídico de la Municipalidad, explicó que la jueza que lleva el caso tiene 3.500 expedientes en proceso.
La abogada Victoria Cáceres, jueza de Primera Instancia del Tercer Turno en lo Civil y Comercial de CDE, indicó que se trata de un trabajo muy grande (abarca más o menos cinco populosos barrios).
“No podemos hacer una tarea de manera acelerada, es un trabajo minucioso. Ya tenemos todos los informes por escrito. Todos los planos se fueron a Geodesia, volvieron aprobados. No es algo que se pueda procesar en uno o dos meses, no es así, y ellos deben entender eso”, se excusó.
Cáceres aseveró que el trabajo está por concluir, solo falta la sentencia definitiva.
“Ya hablamos muchas veces con ellos, pero tenemos procesos que respetar”, sostuvo la magistrada.