Entre los fallecidos hubo 41 que murieron en el enfrentamiento protagonizado por dos bandas rivales, mientras que otros tres perecieron por heridas de gravedad cuando habían sido traslados para recibir asistencia médica, según precisó el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a personas privadas de libertad, el organismo estatal encargado de controlar las cárceles.
En los registros realizados por las fuerzas de seguridad al pabellón de máxima seguridad, tras lograr tomar control de la prisión, se hallaron cuatro fusiles, tres pistolas, un revólver, cuatro granadas, 1.800 cartuchos del calibre 2.23 y tres cargadores, según reportó en un comunicado el mismo SNAI.
PRESOS TRASLADADOS
En la tarde, la Policía Nacional trasladó de esta cárcel ubicada a unos 150 kilómetros de Quito a seis presos señalados por ser los presuntos cabecillas y responsables de la masacre.
Este traslado fue destacado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, como una muestra del compromiso de su Gobierno para recuperar el orden en las cárceles.
“No daremos el brazo a torcer ante las mafias”, afirmó en redes sociales Lasso, quien se encuentra en una visita oficial en Israel.
A cinco de ellos se los llevaron a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, ubicada en la costera provincia de Guayas, mientras que el restante fue conducido a la Penitenciaría del Litoral, situada en la misma provincia.
A La Roca también fueron a parar los cinco presuntos responsables de la matanza acontecida hace tan solo un mes en la cárcel de la sureña ciudad de Cuenca, donde perdieron la vida veinte reclusos y al menos otros diez resultaron heridos.
MISMOS IMPLICADOS
Según explicó el ministerio del Interior, Patricio Carrillo, en conferencia de prensa, tanto la masacre de abril en Cuenca como esta última en Santo Domingo tienen a las mismas bandas criminales detrás, un grupo autodenominado Los Lobos y una facción disidente de este que se hace llama R7.
“Lo que se vivió hoy en la cárcel de Santo Domingo fue una crueldad de una banda criminal que perpetuó los mismos hechos hace un mes Azuay (la provincia de la que es capital Cuenca)”, manifestó Carrillo.
El titular de la cartera del Interior abogó por “revisar los mecanismos de acumulación de penas, negar beneficios a los involucrados y someterlos a un régimen disciplinario más exigente”.
MÁS DE 400 MUERTOS DESDE 2020
Con este último episodio, ya son más de 400 los presos que han fallecido desde 2020 en enfrentamientos entre organizaciones rivales vinculadas con el narcotráfico que se disputan el control interno de las cárceles de Ecuador y que cuenta con ramificaciones dentro y fuera de los centros penitenciarios, según las autoridades.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis carcelaria de Ecuador en el que instaba al Gobierno a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.
Hasta finales de 2021 había más de 36.000 reclusos en 36 centros, entre prisiones y centros de rehabilitación social, cuya capacidad es de 30.000, aunque el hacinamiento llegaba al 62% en cárceles como la de Guayaquil, la más poblada del país con 7.231 reos y escenario de los episodios más sangrientos vividos el año pasado.
Para solucionar la crisis carcelaria, el Gobierno del presidente, Guillermo Lasso, está en vías de contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, conceder alrededor de 5.000 indultos a presos condenados por delitos menores y desarrollar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.
