La obra fallida del Metrobús es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer y como no se debe actuar. El daño realizado al Estado paraguayo se puede determinar en montos, sin embargo, el ocasionado a los frentistas es inconmensurable. Los comerciantes tuvieron que cerrar sus locales debido a la construcción de las obras civiles que se iniciaron en enero del 2017. Allí también se cerraron proyectos e inversiones en negocios que representaban el medio de vida y sueños de numerosas familias.
El perjuicio causado nunca fue resarcido adecuadamente por lo que definitivamente estas familias que tenían allí sus posibilidades de ingresos quedaron muy golpeadas económicamente y ni que decir emocionalmente.
Este tipo de hechos no debe repetirse. La obra fallida es una muestra de una gran irresponsabilidad y se convirtió en una afrenta a la ciudadanía por la forma en que el MOPC, con la titularidad en ese entonces del ingeniero Ramón Jiménez Gaona, la llevó a cabo. Se inició y se continuó con la obra pese a no contar con los requisitos previos como los permisos municipales de Asunción y San Lorenzo. Luego al constituirse en un fiasco impracticable y en un monumento a la corrupción tuvo que demolerse totalmente para que la Avenida Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia sean viables.
Hoy a casi cinco años de la primera denuncia promovida por el ingeniero Hermann Pankow, el nuevo fiscal general del Estado Emiliano Ramón Rolón Fernández le dio otro trámite a la investigación, que estuvo congelada por la anterior fiscala general Sandra Quiñónez por su afinidad con el cartismo. Con el cambio en la FGE cae de maduro que anteriormente ya se contaba con toda la información para adoptar decisiones durante el pasado mandato del Ministerio Público, pero que se tomó la postura de no avanzar.
Ahora solo resta decir que la larga espera valga la pena y que se deslinden todas las responsabilidades de los involucrados. Más vale tarde que nunca para que se intente hacer justicia en este caso que derivó en tanto sufrimiento de los frentistas y perjuicio al Estado paraguayo.
Al menos el actual fiscal general da primeras señales con las imputaciones formuladas por la fiscala del caso María Estefanía González. Las imputaciones por lesión de confianza afectan a Ramón Jiménez Gaona, ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); a Marta Regina Benítez Morínigo, ex viceministra de Administración y Finanzas de la cartera de Estado y a Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, ex gerente del proyecto. Se firmó el contrato con Mota-Engil que con una adenda llegó a USD 72.000.000, incrementándose 34% el costo para el corredor de Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala.
Se pagaron, entre otros, USD 29.000.000 por obras inservibles. Mota-Engil también reclama en arbitraje otros USD 35.000.000 al Estado.
La imputación describe que Jiménez Gaona no cumplió con exigencias, previa y durante la ejecución de la obra, que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos. La construcción también se realizó sin el diseño final de ingeniería, sin un estudio hidrológico aprobado y con demás falencias técnicas.
Por el tramo céntrico, el que ni siquiera se inició, se pagó USD 2,6 millones al Consorcio DC Ingeniería SA-Stiler SA, que está en observación.
En síntesis lo que pudo haber sido una obra vital para el transporte en la capital y alrededores y su dinámica socioeconómica, terminó siendo un monumento no solo a la corrupción, sino que también a la mediocridad política con falta total de planificación estratégica.