Valentín Cabrera, oriundo de Capiibary, Departamento de San Pedro, fue uno de los cientos de miles de paraguayos que un día decidieron meter ropas y sueños en una valija y emigrar. Luego de un periplo en España, la búsqueda de mejores horizontes laborales lo llevó a Ibiza. Esta isla es uno de los destinos más exclusivos del mundo, pero no es el paraíso: la presión del turismo sobre la vivienda disparó los precios para quienes trabajan y viven allí.
Cuentan sus allegados que Valentín andaba contento porque había logrado regularizar su situación administrativa. Eso le permitió acceder a un contrato laboral después de mucho tiempo trabajando en negro. Esta mejoría no fue suficiente para encontrar un alquiler compatible con sus ingresos. Terminó pagando 600 euros mensuales por un espacio precario en un terreno donde al menos tenía luz y agua corriente. Allí ocurrió la desgracia. Un incendio, cuyas causas aún se investigan, arrasó con su vivienda y falleció, víctima de las quemaduras. Su proyecto era encontrar un lugar mejor y luego traer a su hijo desde Paraguay. Ese sueño quedó truncado.
No todas las historias de emigración tienen un desenlace tan trágico. Pero la muerte de este compatriota trabajador que se fue del país en busca de mejores condiciones de vida debería obligarnos a formular una pregunta incómoda: ¿qué sabe Paraguay sobre sus emigrados y emigradas?
Lo que mejor saben hacer nuestras instituciones es contar cuánto dinero envía cada año la emigración en forma de remesas. En 2025 fueron USD 1.350,36 millones, de los cuales USD 706,33 millones provinieron de España, el país donde falleció Valentín. Las remesas las contamos hasta los decimales. Pero si preguntamos al Estado cuántos paraguayos y paraguayas viven actualmente en el extranjero, comienza un baile de cifras, vacilaciones y discusiones entre expertos e instituciones. Y si preguntamos qué políticas públicas impulsa en favor de esas colectividades que ese mismo año aportaron el equivalente al 2,7% del PIB nacional, la respuesta se vuelve todavía más difusa. ¿Cómo se diseñarán políticas públicas sobre una realidad que el Estado apenas conoce?
El 9 de octubre, fecha del referéndum de 2011 que conquistó el derecho al voto en el exterior, está a punto de convertirse también en el Día Nacional del Migrante Paraguayo. El proyecto fue sancionado por el Congreso y remitido al Poder Ejecutivo. Es un reconocimiento justo, pero el desafío no puede agotarse en una conmemoración.
A finales de este mes, el VII Congreso de la Migración Paraguaya reunirá en Asunción a organizaciones de compatriotas del exterior, instituciones públicas y actores sociales. Puede ser una ocasión para escuchar a esa diáspora, conocer mejor sus condiciones de vida, sus demandas y sus capacidades, y establecer una agenda a partir de sus propuestas.
El aporte de la emigración paraguaya al país no se mide solo en remesas, aunque estas ya superen los ingresos por royalties de nuestras hidroeléctricas. Tampoco es “pobreza exportada”, como llegó a decir un presidente de la República, sino trabajo, capacidad y riqueza social que Paraguay sigue aprovechando sin reconocer plenamente. Detrás de esas cifras hay familias dignificadas, proyectos de vida, redes, conocimientos y compatriotas que continúan construyendo país desde lejos. ¿Hasta cuándo el Estado paraguayo seguirá contando lo que envían sus emigrantes sin contar con ellos?
