Este clima de dolor e indignación es también lamentablemente aprovechado por políticos populistas que se apoyan en el sentir popular para intentar atraer simpatías electorales. En ese sentido, ya existe una campaña de pedido de firmas para plantear al Congreso Nacional la modificación de la Carta Magna para instaurar nuevamente, como en el pasado, la cadena perpetua y la pena de muerte, para criminales como los que acabaron con la vida de la pequeña Naidelin Martínez en Alto Paraná.
Igualmente, el diputado Carlos Rejala, del Partido Hagamos, anunció su propósito de presentar al Congreso un proyecto de ley para implantar la castración química de las personas halladas culpables de casos de abuso sexual y violencia infantil, principalmente violadores, reactivando una iniciativa que ya había sido formulada en el 2007 por el entonces diputado colorado Nelson Argaña y otra vez en el 2017 por el diputado liberal Edgar Ortiz, pero en ambas ocasiones la propuesta fue enviada al archivo por los legisladores.
Actualmente, tanto la cadena perpetua como la pena de muerte están expresamente prohibidas por la Constitución Nacional y para poder implantarlas se debería modificar la Carta Magna. Además, el Estado paraguayo ha firmado varios convenios internacionales adhiriendo a la corriente de países que consideran que un Estado no debería tener la potestad de quitar la vida a sus ciudadanos por más terrible que sea el crimen que hayan cometido, sino que contemple siempre las posibilidades de una rehabilitación.
Por otra parte, existe un consenso entre los expertos de que los países en donde aún se aplica la pena de muerte tampoco han podido reducir los índices de violencia criminal.
En el caso del Paraguay, implementar medidas extremas como la castración de violadores, la cadena perpetua o la pena de muerte difícilmente puedan ser la solución para frenar la oleada de crímenes horrendos, cuando nuestro sistema de justicia sigue siendo absolutamente ineficaz, con un elevado índice de presos sin condena, y cuando toda la Fiscalía y el Poder Judicial se hallan profundamente infestados de corrupción y siguen siendo totalmente serviles a los poderes políticos.
Si la legislación punitiva que ya existe se aplicara de manera recta y eficaz, sin favorecer solo a los ricos y poderosos como generalmente ocurre, no haría falta apelar a instrumentos penales que ya han sido superados por valores de humanismo.
Solo necesitamos una Justicia eficiente y honesta, más que nada.
