Los datos estadísticos que se han dado a conocer oficialmente en este primer mes del año son abrumadores. Desde el 1 hasta el 17 de enero, la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público recibió 141 denuncias sobre hechos violentos ocurridos y en un solo día se denunciaron 33 de estos casos.
La Oficina de Género de la Fiscalía sostiene que aproximadamente un 85% de estas denuncias tienen como víctimas a mujeres que han sido agredidas por sus parejas hombres, pero también se dan casos de niños, niñas y adolescentes golpeados por sus propios progenitores o por otros parientes adultos.Paralelamente, durante el año 2018 se procesaron 34.568 denuncias de violencia intrafamiliar en todo el país y unas 3.148 de estas causas ingresaron al Poder Judicial para merecer una investigación y un proceso dentro del sistema de justicia.
Ante la preocupante dimensión de esta problemática, el Estado mantiene una infraestructura aún muy precaria para hacerse cargo, ya que la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público cuenta con solo dos fiscales para la ciudad de Asunción y todo el Departamento Central, en donde se registran la mayor parte de los casos denunciados.
El elevado nivel de violencia que se registra en los ámbitos de las familias obedece a pautas culturales arraigadas durante mucho tiempo en nuestro país, como a situaciones socioeconómicas complejas, pero también a la falta de acción de los organismos especializados del Estado.
Muchos de estos casos no se denuncian, ya sea por temor o por vergüenza de parte de las víctimas, como también por la falta de confianza en que los agentes del sistema de justicia puedan asumir con seriedad los casos.
Esta situación hace que la mayoría de los hechos registrados queden en la impunidad y en muchas circunstancias las personas que han sido víctimas y que se han atrevido a denunciar, se expongan a que sus victimarios queden sin castigo y luego se cobren venganzas con represalias aún mayores. Aunque se han producido avances a nivel legislativo y en la acción de los organismos gubernamentales, aún falta mucho para poder reducir la cantidad de casos de violencia intrafamiliar.
Ante los hechos de violencia y, sobre todo, de feminicidios que se dieron en el 2018 y a comienzos de este año, el Ministerio de la Mujer ha convocado recientemente a una mesa de crisis que busca hacer frente a la problemática, pero aún falta ver cómo se pasa de los discursos y de los diagnósticos especializados a las acciones concretas.Hace falta aumentar y mejorar la atención de los casos, insistir en la educación ciudadana para prevenir más situaciones, pero por sobre todo hace falta aplicar las sanciones severas previstas en la ley para evitar que siga la impunidad.
