21 jul. 2024

Más de G. 2 millones al mes pagará el procesado por usar una tobillera

La implementación de 200 de estos aparatos electrónicos no tendrá un impacto significativo en la superpoblación existente en las penitenciarías, observó el senador opositor Rafael Filizzola.

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Beneficio. Se busca descongestionar las cárceles con la implementación de las tobilleras.

ILUSTRATIVO

Una vez promulgada la ley respectiva, el Ministerio del Interior pretende poner en uso, como mínimo, cien tobilleras electrónicas al cierre del año, licitando la contratación de veinte dispositivos cada mes. El Estado tiene USD 3 millones para invertir en este proyecto, pero la modalidad pretendida es que el costo del servicio corra por cuenta del usuario; entiéndase, por cuenta del procesado que es beneficiado con la medida cautelar de arresto domiciliario. Si bien no está aún determinado el costo que deberá pagar, el ministro del Interior, Enrique Riera, deslizó una cifra: “Hay una opción de que quien tenga recursos pueda pagar también; el costo es de USD 300 por mes, es el precio que le cuesta al Estado un privado de libertad”. Por encima de los G. 2 millones mensuales.
Sin embargo, el proyecto no apunta al uso masivo de estos dispositivos de control; más bien son necesarios para casos específicos relacionados a violencia intrafamiliar y similares.

En ese sentido, el ex ministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola (PDP) cuestionó la “significativa” implementación de las tobilleras electrónicas. “Lo primero que hay que señalar es que ya existía una ley sobre dispositivos electrónicos (tobilleras) que nunca fue aplicada. Ahora nos dicen que van a empezar con 200 dispositivos. Con esa cantidad, me preocupa que termine utilizándose para personas que ni siquiera deberían estar en prisión y que su impacto en sobrepoblación penitenciaria no será significativo”, cuestionó.

Además, señaló su preocupación sobre estos dispositivos que sean destinados a personas que no son un peligro para la sociedad, como aquellos que cometen delitos administrativos o contra los bienes de las personas, incluso en casos de corrupción.

Asimismo, sostuvo que el problema de hacinamiento en las cárceles no se va resolver con la aplicación de las tobilleras electrónicas. “El 80% de la población penitenciaria está conformada por personas que no tienen condenas”, recordó.

“La prioridad debería ser proteger a las mujeres violentadas por sus parejas. Estos dispositivos electrónicos son una herramienta importante para la seguridad de las víctimas y, en cierta medida, para el sistema penitenciario, ya sobrepasado; pero con tan baja implementación anunciada por el Gobierno no tendrá impacto”, dijo.

plan piloto. Para el uso de las tobilleras electrónicas, desde el Ministerio del Interior explicaron que, por acuerdo con el Ministerio de Economía, se determinó la inversión inicial de USD 3 millones para el plan piloto, lo que implicaría la compra de un mínimo de 100 y un máximo de 3.000 tobilleras.

Con su implementación se podrá acceder a la georreferencia y se podrá hacer un seguimiento de las personas que las porten. Se destinarán mayormente a personas vinculadas a casos de violencia intrafamiliar, dado que existe un promedio de 95 llamadas al día, vía 911, y cerca de 20.000 denuncias al año.

El proyecto establece que el beneficiario debe disponer de una línea telefónica que permita el control permanente, y tener solvencia económica para contratar los servicios asociados al uso del dispositivo.

Además, en caso de que el beneficiario acredite insolvencia, mediante declaración jurada y dos testigos, podrá acceder a la exoneración del pago.

Funcionamiento debe ser eficaz
El funcionamiento de las tobilleras electrónicas debe ser un trabajo eficaz entre varios organismos para tener un buen resultado, explicó el ministro del Interior, Enrique Riera. La firma encargada del monitoreo debe reaccionar rápidamente para dar un alerta al Sistema 911 sobre la infracción de un beneficiado y ante la posible amenaza a la víctima. Por su parte, desde el Sistema 911 se debe alertar a la comisaría barrial o al Grupo Lince para que llegue lo más rápido posible al resguardo de la víctima.

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