Sin embargo, el proyecto no apunta al uso masivo de estos dispositivos de control; más bien son necesarios para casos específicos relacionados a violencia intrafamiliar y similares.
En ese sentido, el ex ministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola (PDP) cuestionó la “significativa” implementación de las tobilleras electrónicas. “Lo primero que hay que señalar es que ya existía una ley sobre dispositivos electrónicos (tobilleras) que nunca fue aplicada. Ahora nos dicen que van a empezar con 200 dispositivos. Con esa cantidad, me preocupa que termine utilizándose para personas que ni siquiera deberían estar en prisión y que su impacto en sobrepoblación penitenciaria no será significativo”, cuestionó.
Además, señaló su preocupación sobre estos dispositivos que sean destinados a personas que no son un peligro para la sociedad, como aquellos que cometen delitos administrativos o contra los bienes de las personas, incluso en casos de corrupción.
Asimismo, sostuvo que el problema de hacinamiento en las cárceles no se va resolver con la aplicación de las tobilleras electrónicas. “El 80% de la población penitenciaria está conformada por personas que no tienen condenas”, recordó.
“La prioridad debería ser proteger a las mujeres violentadas por sus parejas. Estos dispositivos electrónicos son una herramienta importante para la seguridad de las víctimas y, en cierta medida, para el sistema penitenciario, ya sobrepasado; pero con tan baja implementación anunciada por el Gobierno no tendrá impacto”, dijo.
plan piloto. Para el uso de las tobilleras electrónicas, desde el Ministerio del Interior explicaron que, por acuerdo con el Ministerio de Economía, se determinó la inversión inicial de USD 3 millones para el plan piloto, lo que implicaría la compra de un mínimo de 100 y un máximo de 3.000 tobilleras.
Con su implementación se podrá acceder a la georreferencia y se podrá hacer un seguimiento de las personas que las porten. Se destinarán mayormente a personas vinculadas a casos de violencia intrafamiliar, dado que existe un promedio de 95 llamadas al día, vía 911, y cerca de 20.000 denuncias al año.
El proyecto establece que el beneficiario debe disponer de una línea telefónica que permita el control permanente, y tener solvencia económica para contratar los servicios asociados al uso del dispositivo.
Además, en caso de que el beneficiario acredite insolvencia, mediante declaración jurada y dos testigos, podrá acceder a la exoneración del pago.
