El aumento del gasto corriente y del endeudamiento público plantean riesgos para la economía. También revelan la necesidad de cambiar la manera en que se construye el presupuesto.
“La política fiscal no la elaboran los ángeles” es una conocida frase del profesor N. Gregory Mankiw. La frase recuerda que las decisiones sobre los impuestos y el gasto público no responden solamente a criterios técnicos, sino también a intereses y presiones políticas.
El presupuesto del Estado es la manifestación de la política fiscal, puesto que establece cuánto y en qué se puede gastar, qué recursos se esperan obtener y cuánta deuda se prevé contraer. Actualmente, el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2027 se encuentra en discusión en el Congreso Nacional.
El proyecto es un reflejo de los problemas de los últimos años. Los gastos corrientes, destinados principalmente al funcionamiento del Estado, aumentan a un ritmo que llega a triplicar el crecimiento de los ingresos corrientes, con un importante incremento de los desembolsos de deuda. Justamente, una parte de esos gastos corrientes depende del endeudamiento público.
Un ejemplo es el presupuesto de medicamentos, financiado en gran medida mediante la emisión de deuda pública. Garantizar medicamentos y ampliar la protección social son objetivos indiscutibles. El problema está en vulnerar el principio básico de que los gastos corrientes deben pagarse con ingresos corrientes.
Aunque el PGN 2027 contempla mayores recursos para la inversión pública, una parte significativa depende de préstamos de organismos multilaterales, cuya ejecución es más lenta y suele extenderse durante más años.
El aumento de los gastos por encima del crecimiento de los ingresos contribuye a explicar el mayor déficit fiscal previsto para el 2027. Aunque se proyecta una reducción posterior, los compromisos de gasto asumidos hacen difícil alcanzar dicha proyección. El riesgo es mantener un déficit elevado y persistente, que comprometa la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Pero detrás de estos problemas existe una debilidad más profunda: la manera en que se construye el presupuesto público.
Generalmente, el presupuesto se elabora tomando como referencia las asignaciones del año anterior. En el margen se agregan más recursos y nuevos compromisos, pero sin revisar suficientemente los programas existentes. La carencia de evaluaciones de impacto rigurosas dificulta identificar gastos innecesarios o poco efectivos, cuya reducción permitiría mejorar la composición del gasto público y contribuir a disminuir el déficit fiscal.
Cambiar esta manera de elaborar el presupuesto no será sencillo. Como señala Richard Allen en un artículo publicado por el Fondo Monetario Internacional, mejorar la gestión financiera pública requiere superar obstáculos institucionales y conciliar intereses e incentivos de numerosos actores.
Es un esfuerzo necesario, porque las debilidades del sistema presupuestario pueden tener importantes consecuencias económicas. Un déficit fiscal persistente reduce el ahorro público y puede limitar los recursos disponibles para la inversión pública y privada, lo que afecta las posibilidades de crecimiento y generación de empleos.
A esto se agrega el riesgo de que se debilite aún más la credibilidad fiscal. Ante mayores dudas sobre las finanzas públicas, los acreedores pueden exigir tasas de interés más elevadas. Este encarecimiento también puede trasladarse al financiamiento de las empresas y las familias, afectando la inversión y el consumo.
Paraguay necesita un sistema presupuestario que evalúe los resultados de los programas, asigne los recursos a aquellos gastos que mejoren la calidad de los servicios públicos y asegure la sostenibilidad fiscal mediante reglas e instituciones creíbles.
El presupuesto debería ser una herramienta para alcanzar los objetivos de desarrollo del país y no simplemente una acumulación de compromisos heredados.
