En sus primeros 30 días de gobierno, con una fuerte interna colorada de fondo, el presidente Mario Abdo Benítez y sus principales colaboradores realizaron graves denuncias mediáticas sobre irregularidades y malos manejos administrativos de la era del ex presidente Horacio Cartes.
Las acusaciones que fueron analizadas en Palacio de Gobierno, luego trascendieron a la opinión pública y terminaron perdiendo sustento ante la falta de elementos contundentes que respalden las denuncias hechas por las nuevas autoridades del Gobierno que asumieron el pasado 15 de agosto.
Con bombos y platillos, la administración de Abdo Benítez centró sus ataques y puso en tela de juicio la administración anterior en tres carteras estratégicas: el Ministerio de Educación y Ciencias; Agricultura y Ganadería; y el Ministerio de Salud Pública.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, realizó una denuncia que retumbó.
Dijo que encontraron más de 10.000 kilos de medicamentos e insumos vencidos.
La denuncia saltó en momentos en que los hospitales de todo el país pasan por una fuerte crisis de desabastecimiento por lo que la noticia cayó como un balde de agua fría ante la opinión pública.
Sin embargo, el Gobierno se enredó en su propio discurso y no supo precisar dónde estaban los lotes de medicamentos que denunciaron como vencidos. Mazzoleni aseguró que existe una debilidad en el sistema que impide esclarecer el hecho.
A este conflicto, se sumaron el incidente con los trabajadores de la salud que protestaron y sitiaron la tarde noche del viernes la Secretaría de la Función Pública rechazando la medida que anuló 5.000 concursos para ingresar al sistema de Salud. Las autoridades se vieron obligados a revisar la decisión.
planilleros. Otra denuncia que movió el avispero fue realizada por el ministro Eduardo Petta (MEC), otra cartera sensible para el país.
Petta habló de la existencia de 1.200 planilleros entre ellos, muertos, políticos, presos y hasta sacerdotes que cobran salarios de manera ilegal. Hasta el momento, sin embargo, las autoridades del MEC no dieron a conocer la lista oficial.
Aparecieron entre los presuntos planilleros los nombres de Nancy Florentín de Cuevas, esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (Añetete); y de la diputada cartista de Alto Paraná, Blanca Vargas.
El nombre de la esposa de Cuevas saltó justo en momentos en que el legislador fue nuevamente denunciado por irregularidades en su gestión cuando fue gobernador de Paraguarí.
Finalmente Petta fue acusado de hacer un show mediático y dejar en segundo plano necesidades urgentes en materia de infraestructura y plan de reforma educativa para direccionar la línea educativa.
agricultores. El tercer estruendo de la administración abdista fue el anuncio de que auditarán el uso de USD 40 millones de los bonos soberanos utilizados por el Ministerio de Agricultura.
Anunciaron que detectaron irregularidades en la entrega de asistencia destinada a productores, incluyendo la entrega de tractores que acabaron en manos de particulares.
Sin embargo, ahora el ministro indicó que recién en 40 días tendrán resultados de la auditoría y que hasta el momento no pueden dar ninguna precisión sobre el tema.
“Estamos esperando para hacer una declaración seria el resultado de la auditoría. En 40 días vamos a hablar con mayor propiedad”, expresó Denis Lichi el viernes bajando los decibeles de las acusaciones. No supo precisar sobre las irregularidades específicas.
Otra denuncia saltó en la Dinac. Allí las autoridades acusaron a la administración anterior manejada por Luis Aguirre de serias irregularidades en las licitaciones para compras de equipamientos y señalizaciones aeroportuarias. La denuncia fue corroborada por la Contraloría General de la República y sería remitida a la Fiscalía General del Estado.
