Por Miguel H. López | @miguelhache
En las últimas semanas dos noticias -de tantas que hay- irrumpieron la escena por lo absurdas de las decisiones adoptadas por autoridades de los poderes del Estado y porque se convertían en asunto de alto interés de la población. La imputación fiscal de los familiares de los muertos en Marina Cué, por cultivar simbólicamente productos de autoconsumo en las tierras del Estado en litigio con la empresa Campos Morombí, y la resolución de la Secretaría del Ambiente de dar carta blanca a los cazadores para eliminar 214.000 teju guasu para “equilibrar la población del reptil” (medida inactivada por la reacción ciudadana).
El primer absurdo. El fiscal José Zarza presentó cargos contra Martina Paredes, Darío Costa y Mariano Castro, acusándolos con el epíteto criminalizante de ser cabecillas de un grupo que ocupó y cultivó simbólicamente en memoria de sus familiares muertos en tierras que -alega- son de la empresa del empresario (líder político colorado) desaparecido Blas N. Riquelme. Sin embargo, los únicos documentos existentes demuestran que son del Estado, cedidas por la Industrial Paraguaya en carácter de donación a la Marina.
El segundo absurdo. La ministra de la Seam, María Cristina Morales, firmó una resolución autorizando la caza o el acopio -lindo nombre para designar a una masacre- de 214.000 teju guasu hû y pytã. La medida, que iba dirigida a beneficiar a un reducido número de comerciantes de vida silvestre -posiblemente los mismos que están metidos en la cacería y el tráfico ilegal- violaba una serie de normativas incluyendo la consulta obligada que debió hacerse al Consejo Nacional del Ambiente, integrado por sectores públicos y de la sociedad, sin mencionar la inexistencia de un estudio de impacto ambiental y de la utilización de datos viejos para justificarse.
El primero de los casos generó una moderada reacción de la población. Quizás las protestas más duras vinieron de los sectores vinculados al caso y de las organizaciones y referentes que siguen la causa Curuguaty. El periodismo dijo mayormente nada sobre este aspecto. Finalmente se les impuso un embargo de G. 60 millones por cabeza, medidas alternativas a la prisión y orden de no abandonar el país. En la práctica, no existe razón real, ya que no hay bien jurídico afectado, salvo en la mente del fiscal.
El segundo caso generó inusitada reacción y hubo movilizaciones para proteger la vida silvestre. Al final la decisión de Seam fue revocada.
En ambos casos hubo injusticia. Una clara marca que viene impregnando indisimuladamente la nueva configuración de poder del Estado en el país, cuya consigna parece ser: matar o rematar.
