Los manifestantes, que bordeaban un centenar y portaban pancartas y carteles exigiendo el fin del sistema de capitalización individual impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet, se agruparon en la Plaza de Armas de Santiago, pero tras una hora desistieron de marchar en dirección al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, como era su propósito.
Según los organizadores, comenzar la marcha con tanto atraso les impediría cumplir el recorrido en el tiempo autorizado por la Intendencia (gobernación), pues buena parte de los adherentes eran personas de la tercera edad.
Dos marchas anteriores convocadas por el movimiento “No más AFP” congregaron a más de 150.000 personas en Santiago y a unas 700.000 a nivel nacional, cifras que, según el portavoz de esa instancia, Luis Mesina, esperan que se repitan el próximo 16 de octubre, cuando está convocada una tercera manifestación a nivel nacional.
Ernesto Medina, presidente del movimiento “Aquí la gente”, indicó que seguirán saliendo a las calles porque el Gobierno no ofrece soluciones a cientos de miles de jubilados que cobran pensiones miserables.
“Pasa el tiempo y todavía no hay una solución concreta. La gente no puede seguir esperando, la indignación continúa y las marchas van a continuar”, dijo Medina a radio Cooperativa.
En el sistema chileno, las cotizaciones previsionales de los trabajadores van a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en cuentas individuales, pero después de 35 años de existencia el promedio de las pensiones que cobran quienes se retiran de la actividad laboral promedian poco más del equivalente a 200 dólares mensuales.
Las manifestaciones seguirán “para recordar que estamos esperando, la gente se está jubilando con una miseria y no podemos seguir indiferente ante el clamor ciudadano”, dijo Medina.
El Gobierno ha ofrecido crear una AFP estatal que regule mejor el sistema y un aumento de las cotizaciones desde el 10 al 15 % de los salarios, a cargo de los empleadores.
Las AFP y los empresarios han aceptado preliminarmente este aumento, pero con la condición de que esos recursos vayan a las cuentas individuales de los afiliados y no a un fondo solidario, como propone el Gobierno, cuyo objetivo sería mejorar las actuales pensiones.
