La situación de los derechos humanos en el Paraguay, que de por sí arrastra varias asignaturas pendientes estructurales, ante las muchas falencias del Estado en responder a algunos derechos elementales de los ciudadanos y ciudadanas, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la tierra, a la vivienda propia, entre otros puntos, ha atravesado una condición especial este año, con la crisis desatada por la pandemia del Covid-19.
Las disposiciones del Gobierno para precautelar la salud de la población han llevado a imponer largos periodos de cuarentena, recortando derechos básicos, como los de libre tránsito, libre reunión, libre manifestación, incluyendo el derecho al trabajo, afectando a la economía y al derecho a asegurar la vida digna de los habitantes.
Aunque en mayor parte de la sociedad se ha entendido que estas restricciones han sido necesarias para evitar un alto número de contagios y de fallecimientos, no han sido pocas las denuncias acerca de abusos de autoridad cometidos por miembros de la Policía y de la Fiscalía contra manifestantes o contra personas humildes por violar supuestas limitaciones sanitarias, mientras personas con poder o vinculadas al Gobierno cometían las mismas violaciones sin ser molestadas.
Uno de los casos más cuestionados fue la imputación por parte de la Fiscalía contra el escritor Miguel Ángel Fernández y la activista política Diana Bañuelos, solo por no usar tapabocas al pronunciar discursos de protesta contra el Gobierno en un acto al aire libre, frente al Panteón de los Héroes. La medida, claramente violatoria de varios artículos de la Constitución, pudo interpretarse como una abierta persecución a quienes tienen una postura crítica u opositora, como solo ocurría durante la dictadura stronista.
Contrariamente, la Fiscalía ignoró abiertas violaciones a las disposiciones sanitarias por parte del ex presidente Horacio Cartes y miembros de su entorno, como de autoridades del Partido Colorado y del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en varias oportunidades.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos es importante destacar a quienes defienden el cumplimiento de los principios básicos de la democracia ante los abusos del Estado, a pesar de que muchas veces se los acuse de no defender a las víctimas de los criminales. Hay que entender que es el Estado el que debe defender a los ciudadanos ante la inseguridad y la amenaza de los delincuentes, pero cuando es el propio Estado el que viola los derechos, es allí donde surge como importante el rol de los defensores. Es importante valorar sus aportes en mantener vigentes los derechos humanos, aun en tiempos de pandemia.