Un primer hecho llamativo ocurrió el 11 de julio, cuando autoridades de Salud informaron que el diputado Sebastián García, del partido Patria Querida, dio positivo a un test de Covid-19. El informe llevó al cierre de la Cámara de Diputados y de varios otros locales, pero al día siguiente el propio Ministerio de Salud aclaró que el legislador había dado negativo a una segunda prueba y por tanto no había sido contagiado. García acusó al viceministro de Salud, Julio Rolón, de revelar datos confidenciales antes de que él mismo haya estado enterado y que se manipuló políticamente la información, debido a que el legislador fue uno de los denunciantes de los presuntos hechos de corrupción en las compras de Salud.
Un caso más controvertido se dio cuando una gran parte de la población esperaba con ansias el reinicio del fútbol el pasado viernes, pero la Asociación Paraguaya de Fútbol decidió postergarlo luego de que jugadores de Guaraní, 12 de Octubre y San Lorenzo dieran positivo a los test de coronavirus. El mayor escándalo se dio en torno al club 12 de Octubre que, según pruebas procesadas en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, 35 jugadores tenían Covid-19. Sin embargo, en la noche del viernes se informó que, tras otra prueba, 32 de los jugadores que habían dado positivo, en esta ocasión dieron negativo.
En este contexto, la doctora Graciela Russomando renunció a su cargo de directora del laboratorio del Senacsa. “El Ministerio de Salud no tiene ética ni moral. No pueden, de un día para otro, 35 personas ser positivas y luego 32 ser negativas”, explicó en la noche del domingo, durante una entrevista en el programa Bajo la Lupa, en NPY.
Aunque el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, negó las acusaciones y respaldó la tarea del Laboratorio Central, acusando que es la doctora Russomando quien tiene “falta de ética”, el escándalo está instalado. La continuidad de los resultados con falsos positivos o falsos negativos puede poner en mayor riesgo aún la deteriorada credibilidad de las autoridades sanitarias.
Se deben corregir institucionalmente los problemas y evitar el uso político o sectorial de datos médicos en un momento de grave emergencia para la ciudadanía.