EFE
Los abogados de Lula, por medio de un comunicado, refutaron los argumentos que usó la jueza Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, para declinar su competencia en el caso.
La magistrada consideró que existe una “innegable conexión” entre el caso Petrobras y los hechos investigados en Sao Paulo, que se refieren a un supuesto delito de lavado de dinero, pero según la defensa de Lula “no hay cualquier elemento concreto que pueda vincular” ambas investigaciones.
La Fiscalía regional de Sao Paulo acusa a Lula de ocultar que es el propietario de un apartamento de lujo en la playa de Guarujá (Sao Paulo) que está a nombre de la constructora OAS, una de las investigadas en el caso Petrobras.
El juez Sergio Moro, del Tribunal Federal de Curitiba, también había abierto una investigación contra Lula por la propiedad de ese apartamento y de una finca rural en el municipio de Atibaia (Sao Paulo), por su supuesta relación con el pago de sobornos relacionados a irregularidades entre las constructoras y Petrobras.
Si asume el caso, Moro será el responsable de decidir si acepta o rechaza la petición de la Fiscalía de encarcelar a Lula en régimen de prisión preventiva, algo que demanda la acusación para evitar que el expresidente interfiera en las investigaciones.
El pasado 4 de marzo, Moro ordenó a la Policía trasladar a Lula a una comisaría para que declarara sobre la propiedad de la casa de playa y de la finca rural.
La defensa de Lula había cuestionado anteriormente que los hechos fueran investigados de forma paralela en dos cortes y pidió al Tribunal Supremo que solucionara ese conflicto de competencias.
En el comunicado, los abogados de Lula también cuestionaron que el caso se juzgue en Curitiba, capital de Paraná (sur), puesto que los supuestos ilícitos se habrían cometido en Sao Paulo, por lo que la jurisdicción correcta serían los tribunales de este estado.
El Tribunal Federal de Curitiba centralizó las investigaciones de Petrobras porque al comienzo del caso se investigó a unos cambistas acusados de lavar dinero en empresas de tapadera localizadas en ese estado del sur de Brasil.
Los únicos casos que no son investigados en Curitiba son los cerca de 50 políticos con fuero privilegiado que han sido salpicados, investigados por el Tribunal Supremo.
