Los cuatro precandidatos hablaron de las posibilidades y limitaciones que tiene la Gobernación del Departamento Central, en lo relacionado con el presupuesto y otros puntos.
Consultado sobre la herencia del número 2 Hugo Javier y los sonados casos de supuesta corrupción, Tadeo Rojas dijo que no carga ni cargará el fardo de nadie, ya que las responsabilidades son personales.
“Él fue un candidato puesto en su momento por el movimiento con la intención de romper la hegemonía liberal, y se ganó, pero evidentemente fue un mal administrador, y las responsabilidades son personales, para eso están la Justicia y los órganos de control, y son los que se tienen que encargar. Mañana, si corresponde, tiene que caer todo el peso de la ley sobre él, y tiene que ir preso”, manifestó.
Dijo que al mes de ser electo ya lo defraudó, desvinculándose de él, y que ahora está abocado en enmendar el error y demostrar capacidad. Subrayó el poco apoyo a Areguá como capital del departamento y el bajo presupuesto de la Gobernación (USD 20 millones).
Por su parte, Luis Fernando González Ocampos, intendente colorado de Capiatá, habló de las obras sociales que logró desde la Comuna, y que esta misma línea es la que buscará seguir en el Departamento Central, trabajando con los jefes comunales de cada uno de los municipios parte de Central.
PLRA. El precandidato liberal Édgar Acosta señaló que, además de los problemas de presupuesto, están sobre todo los problemas de gestión, señalando que muchas cosas se pueden hacer en coordinación con otros ministerios.
Cuestionó que el ex gobernador Hugo Javier haya cerrado 94 puestos de salud, así como centros departamentales educativos. Habló de fortalecer la producción frutihortícola regional para proveer al departamento en lugar de importar.
El intendente de Villa Elisa y precandidato liberal a gobernador Ricardo Estigarribia habló del problema habitacional, subrayando la importancia de coordinar los trabajos con los intendentes y concejales.
Indicó que es un trabajo lento, pero necesario para regularizar los asentamientos, y que las leyes vigentes establecen los procedimientos adecuados para que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos.