Actualmente, por ley, cuando los funcionarios públicos reciben dinero para gastar en sus viajes, tienen la obligación de rendir minuciosa cuenta de sus gastos al regresar.
Esa disposición legal es justa, está dentro de los límites de la razón y obliga a todos por igual a cumplir un requisito de transparencia esencial en el manejo democrático de los bienes que pertenecen a todos.
Sin embargo, el senador Luis Alfredo Jaeggli presentó un proyecto de modificación de un artículo de la disposición legal para eliminar lo que considera imposible de cumplir en la práctica: traer los comprobantes de los gastos realizados.
Atentando contra el principio de que una disposición de esa naturaleza debe abarcar a todos y no sencillamente a una minoría, su intención es crear privilegios inadmisibles.
Solamente los parlamentarios –senadores y diputados–, el presidente y el vicepresidente de la República, y los ministros de la Corte Suprema de Justicia, estarán exentos de la obligación de justificar el empleo de la plata que se les asignó. El resto tendrá que seguir obrando de acuerdo al régimen vigente.
Lo que Jaeggli –que solo es punta de lanza de los legisladores que desean acogerse a un sistema libre de control, pero no quieren dar públicamente la cara– propone es una contradicción con la actitud más frecuente de los opositores en ambas cámaras: estar en contra de todo proyecto en el que directa o indirectamente está involucrado el presidente Nicanor Duarte Frutos.
Esta vez, entre los escasos bendecidos, sin embargo, se lo incluye al jefe de Estado. Como de los políticos todo se puede esperar si de alcanzar sus objetivos se trata, ya es un guiño para que el mandatario no vete lo que en algún momento podría llegar a su despacho.
Lo que el legislador liberal, con el mayor descaro, plantea es una vergüenza. Él y otros, constantemente, cuestionan al Poder Ejecutivo por promover la corrupción en sus diversas formas. Su intención, sin embargo, ahora es habilitar a sus pares y a los contemplados en su proyecto para que el dinero del erario público sea malgastado, sin necesidad alguna de rendir cuentas acerca del destino que se le dio.
El control del uso de los fondos públicos es uno de los principios cardinales de la democracia. A través de las instancias pertinentes, los contribuyentes que pagan sus impuestos fiscalizan a los que por su cargo acceden a sumas que provienen del Ministerio de Hacienda.
Los parlamentarios deberían ser los primeros y más celosos guardianes del uso correcto de ese bien comunitario. Si no, con qué autoridad moral van a exigir al Gobierno honestidad y transparencia.