Según el I Informe sobre el Impacto de los desastres en América Latina y el Caribe, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y la Corporación OSSO, 20.854 personas murieron debido a 82.993 desastres extensivos, es decir, de alta ocurrencia y asociados a eventos de escala local (municipio o equivalente).
Otras 20.702 personas perecieron en 535 desastres intensivos, o de baja ocurrencia y gran impacto, añadió el informe, que estudió estadísticas de 16 países latinoamericanos.
Esos países fueron escogidos porque cuentan con “bases de datos consistentes y alimentadas regularmente”, explicó este viernes a Efe el jefe de la Oficina Regional para las Américas de la UNISDR, Ricardo Mena.
Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela son los países incluidos en el estudio.
“Son los pequeños y medianos desastres los que más daño están causando” en la región, dijo Mena, que citó datos del informe según los cuales ese tipo de evento generó el 90 % de las 119,14 millones de personas afectadas, el 37 % de las 890.942 casas destruidas y el 86 % de las 5,8 millones de viviendas dañadas durante el período estudiado.
Las perdidas mínimas estimadas, solo en viviendas, suman 53.000 millones de dólares en los 22 años para el conjunto de países, indicó el estudio.
Colombia y México, con las poblaciones más altas, tienen la mayor cantidad de registros de eventos extensivos (45 % del total), de personas afectadas (64 %) y viviendas dañadas (70 %).
Honduras y Colombia concentran más de la mitad de la pérdida de vidas humanas (59 %), y México, Chile, Perú, El Salvador y Colombia tienen la mayor cantidad de viviendas destruidas (79 %).
El directivo de la ONU indicó que los fenómenos hidrometeorológicos como las tormentas tropicales, lluvias, deslizamientos, inundaciones y crecidas de ríos son los principales causantes de esos desastres de pequeña o mediana intensidad.
Alertó que el impacto de los mismos “está creciendo” porque las ciudades latinoamericanas se han expandido “sin un modelo de ordenamiento territorial adecuado que tome en cuenta las amenazas y evite que las ciudades crezcan hacia zonas peligrosas”.
El organismo de la ONU ha preparado el informe para tratar de concienciar a las autoridades, “para que tomen esta información y la conviertan en decisiones de políticas publicas que permitan regular el tema desde la óptica del desarrollo sostenible, porque el asunto está íntimamente relacionado con el desarrollo”, dijo Mena.
Una de esas políticas públicas sugeridas por el organismo de la ONU es incorporar la variable de riesgo para llevar a cabo el análisis de factibilidad y de costo-beneficio para las inversiones públicas.
En América Latina “vivimos el típico ciclo de que se construyó un hospital, una escuela y una carretera que luego fueron destruidas por una inundación o un deslizamiento (...) el Gobierno y el sector privado debería llevar a cabo un esfuerzo para asegurarse que la estructura que se va a construir sea sostenible y segura”, dijo Mena.
También debería ser política de Estado que el tema de la resistencia a los desastres naturales sea prioritario también a nivel municipal, y así como la concienciación de la población, agregó.
