Según la publicación oficial del Departamento de Justicia, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 46 años, quien sería un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Marset, según se alega en la acusación, es un narcotraficante trasnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con un valor millonario desde Sudamérica a Europa.
Erik S. Siebert, fiscal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), hicieron el anuncio después de la sentencia del juez de distrito Este de Virginia, Estados Unidos, Rossie D. Alston Jr.
Como parte de la resolución condenatoria, a más de la pena carcelaria de 15 años de cárcel, el Tribunal dictó una orden de comiso por un monto de USD 11.537.860,47.
Federico Ezequiel Santoro Vassallo había sido detenido en nuestro país, y fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado allí por resolución de la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, el 11 de julio de 2024.
Santoro, de nacionalidad uruguaya, considerado mano derecha de su compatriota, el prófugo narcotraficante Sebastián Marset y fue detenido el 23 de agosto de 2023 en Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, durante un procedimiento realizado por agentes de Senad.
La sentencia
Dice la sentencia del magistrado que Santoro actuó como blanqueador de dinero trasnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde diversos países de Europa a Sudamérica y otros lugares.
Remarca que Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros.
Además, afirma que los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Luego, alega el fallo, el hoy condenado dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias.
Asimismo, el procesado solía ordenar que los fondos se entregaran en dólares y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitara la transacción.
Igualmente, la resolución explica que el hoy condenado utilizó al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero, ocultó la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante el uso de empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas.
Incluso, según el fallo, utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.
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Finalmente, manifiesta que Santoro amenazó con violencia para proteger sus actividades de lavado de dinero. Lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de más de USD 11 millones, provenientes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro recibió un porcentaje del dinero ilícito que blanqueó.
En el caso, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios encargados de hacer cumplir la ley en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg procesaron el caso.
La información del Departamento de Estado refiere que cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluidos su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de violencia, o sobre su ubicación, debe comunicarse con la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov .
Esta investigación es parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional que reúne todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCO), y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de delitos violentos.
