Lluvia de reacciones contra el blanqueo del senador Hernán Rivas

Para la ex senadora Kattya González, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón y la investigadora Patricia Sánchez confirman que hubo amenazas para beneficiar al senador cartista Hernán Rivas con la paralización de recursos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“El Senado como institución debe pronunciarse categóricamente en defensa de la independencia de la justicia”, expresó en sus redes sociales la ex legisladora que sigue esperando la resolución del Poder Judicial sobre acción de inconstitucionalidad que presentó contra su expulsión.

En cambio la ex senadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista), advierte “no muerdan todos los anzuelos” y pone en duda las amenazas. Considera muy llamativo que aparezcan luegode demostrarse la “la mala actuación de la Fiscalía” y “tiro de gracia” del Poder Judicial con el sobreseimiento.

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Su esposo, el senador Rafael Filizzola dijo que todo el proceso estuvo preparado para que termine con el sobreseimiento del senador, teniendo en cuenta que para comprobar la falsedad de un título, también se debía investigar a la institución que otorgó el certificado, así comoal decano y rector.

Para Filizzola, el documento era válido porque las firmas no son falsas, “pero se le dio un título que no se le debió haber dado”, una situación grave porque no solo usó el documento para sacar su licencia de abogado, sino que también para ejercer un cargo importante, refiriéndose a la Presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“Para mí resulta muy claro acá que esto fue una farsa, que nunca hubo voluntad de llegar al fondo, que se le protegió a él desde el Ejecutivo, en más de una administración, no solamente en esta administración y se le protegió también en la Fiscalía y ahora lo que están haciendo los jueces es ponerle el broche, nada más, la guinda a la torta”, lanzó.
En sus redes sociales, el diputado Raúl Benítez recurrió al sarcasmo en un video donde aparece diciendo “Desde hoy yo decidí que soy abogado” con un papel impreso que simbolizaba un título falso. Dedicó un largo discurso en la última sesión de la Cámara Baja contra el sobreseimiento de Rivas.

Por su parte Eduardo Nakayama, del Partido de la Libertad, habló sobre las amenazas que habría recibido la investigadora por parte de un legislador y que activó el sistema de protección de la funcionaria. “Es Extremadamente grave que un agente fiscal haya sido amedrentado por cumplir su deber, aparentemente amenazado por un senador cuyo nombre debe revelarse y perder inmediatamente su investidura por tráfico de influencias: Chaqueñito un nene de pecho al lado de éstos !”, lanzó tras los últimos escándalos en el Congreso.

Abogados también arremeten contra blanqueo

Casi una decena de gremios de abogados expresó su repudio el blanqueo. Desde el punto de vista jurídico advierten que el uso de documento público de contenido falso no está supeditado a la producción del mismo –que había sido declarado como prescripto- como argumentó el Tribunal de Apelaciones.

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La abogada Alejandra Peralta explicó el proceso en términos sencillos para cerrar con la frase: “Hoy Rivas tiene permiso para extirpar las ganas de estudiar, recibirse y ejercer dignamente una profesión que en esencia, debe perseguir la Justicia”.

En la misma línea se pronunció Guillermo Ferreiro, quien publicó en sus redes sociales su perfil profesional con el número de matrícula con la frase “Hoy siento que no vale nada, por su matrícula de abogado”, dando a entender su decepción por el caso.

El también abogado Juan Pablo Irrazábal dijo que quizás hay una confusión por parte del Ministerio Público y los jueces.

Sobre el tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, destacó que hay una resolución universitaria que decide otorgarle el título, así como el título de abogado y el certificado de estudios que otorgaron otras instituciones.

En este aspecto, es irrelevante para profesional que el senador haya firmado el título para determinar la autoría y sobre la prescripción declarada advierte que la conducta se consuma en la fecha en la que se asienta la constancia falsa en el documento.

Pero además aclaró que la producción y el uso de los documentos son conductas independientes. El abogado especificó que el primero lo cometen los que confeccionan el documento y el segundo, lo comete el que lo usa.

“El tipo penal tipifica como delito el uso de un documento público falso, incluso si no se produjo de manera delictiva”, detalló.

Es decir, no hace falta que se compruebe la conducta previa de “falsificador” para que se castigue el uso de los documentos cuestionados.