EFE
Su objetivo es que la comisión se pronuncie sobre el tabaquismo como “una violación de derechos humanos” el próximo 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, en un comunicado conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La comisión evitó pronunciamientos en ese sentido, pero subrayó la importancia de que el tema se abordara hoy por primera vez en la segunda jornada de las audiencias públicas de su 157 periodo de sesiones.
Tradicionalmente ha habido un “cierto rechazo” a incluir el tabaquismo en las problemáticas de derechos humanos, especialmente por presiones de la industria, explicó Óscar Cabrera, del Instituto O’Neill para la Legislación de Salud Nacional e Internacional de la Universidad de Georgetown.
Sin embargo, la “epidemia de tabaco supone un problema grave de derechos humanos” al vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud, defendió Veronica Schoj, de la Fundación Interamericana del Corazón, Argentina (FIC).
Las organizaciones de salud presentes en la audiencia trasladaron sus peticiones a los comisionados con el apoyo de un total de 131 entidades de todo el continente que promovieron que este tema llegue por fin a la comisión.
Entre sus peticiones está la de que la comisión emita “recomendaciones concretas” a los países bajo el paraguas del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, que entró en vigor en 2005 en respuesta a la globalización de la epidemia del tabaquismo y ya tiene 180 firmas.
El convenio reafirma el derecho de todas las personas al goce del grado máximo de salud y se considera un hito para la promoción de la salud pública.
Las organizaciones también pidieron a la comisión que “reconozca que la industria tabacalera desarrolla estrategias que obstaculizan el derecho a la salud” con sus campañas publicitarias para aumentar el consumo de tabaco y sus “prácticas para frenar el impulso de los Gobiernos a políticas de salud”, sostuvo Belén Ríos (FIC).
“Las mujeres, los niños y los adolescentes son blancos de sus estrategias, muestran el tabaco como algo glamuroso, atractivo y accesible. Y aumenta el consumo en esos grupos porque la industria ha estudiado sus comportamientos”, agregó.
Otra de sus peticiones es que la CIDH incorpore el tabaquismo en su agenda cuando efectúe informes de país, visitas de trabajo o análisis anuales.
Los comisionados evitaron especificar si aceptan o estudiarán estas propuestas y, con la excepción de la panameña Esmeralda Arosemena, se limitaron a hacer algunas preguntas a las organizaciones sobre sus demandas.
Arosemena consideró que “el peso de la problemática está en ese vínculo, en cómo hacer que la industria del tabaco tenga en su estructura organizativa esta fuerza que implica la vigencia de los derechos humanos y la responsabilidad que tienen como integrantes de la sociedad”.
“Ese es el vínculo fuerte que nos puede y nos debe comprometer a todos los organismos responsables de la protección de derechos fundamentales”, añadió.
La comisionada subrayó además la necesidad de que los Estados puedan decirle a las industrias que “pasaron la raya, el límite del manejo corrupto”, y admitió que “puede estar en juego la capacidad (de la industria) de influir en políticas públicas de los Gobiernos y Estados”.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, celebra esta semana las audiencias públicas de su primer periodo de sesiones de este año.
