El juez imparcial e impartial (término jurídico no reconocido por la Real Academia), independiente, justo y valiente es lo que buscan las partes cuando se someten a un proceso judicial. Debe ser objetivo, analizar los argumentos de las partes y fallar con fundamentos jurídicos basados en las pruebas.
Esto es lo ideal. Si uno no halla estas características en el magistrado, porque son pocos, pero sí existen, se pide su separación a través de la recusación, donde las partes citan los motivos por los cuales entienden que el juzgador carece de independencia e imparcialidad.
A veces, los mismos jueces se dan cuenta que no pueden ser objetivos, por amistad, enemistad u otros motivos, por lo que ellos mismos se apartan del proceso.
En ambos casos, deben tener fundamentos válidos ya que su obligación es juzgar los asuntos sometidos a su consideración. Normalmente, pedir la separación de un juez o que el mismo quiera apartarse de un proceso son los principales motivos para que la causa se prolongue en el tiempo, y haga que los casos se eternicen.
Por supuesto que esto es aprovechado por algunos abogados para alargar sus procesos, donde sin motivos solicitan apartar al juez, con lo que los juicios se paralizan hasta que se resuelva el pedido. Así nació el término “chicana” y de ahí que llamen abogados “chicaneros” a los que usan estos métodos, a más de otros recursos para trabar la causa.
Esto, sumado a un antiguo prejuicio, acciones no santas de los mismos, les dieron mala fama a la noble profesión de abogado. Lo peor es que se mete a todos en la misma bolsa, con lo que, como ese silogismo lógico, decimos que “todos los abogados son chicaneros… o todos los abogados son malos”. El generalizar está mal.
Para combatir a los chicaneros, es que ahora se presentó un anteproyecto de ley que pretende sancionar a los abogados, con multas de entre 100 y 50 jornales, 6 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y hasta reducir a la mitad sus honorarios. Incluso, limita la cantidad de recusaciones y les prohíbe hacer los mismo con los camaristas que entenderán el pedido de separar al juez. Con esto, lo que se logra es cercenar un derecho que tienen las partes de pedir que un magistrado parcial se aparte de la causa.
Es que no todas las recusaciones son infundadas. No todos los pedidos son injustos. El espíritu de cuerpo de los magistrados hace que muchas veces rechacen casi sin leer las solicitudes de las partes.
Las causas no se eternizan solo por las chicanas de los abogados. La mora judicial ayuda. La falta de resoluciones dentro de los plazos procesales, las inhibiciones sin fundamento de jueces que esquivan la responsabilidad también.
Recuerdo casos como la tragedia del Ycuá Bolaños donde los magistrados se apartaban por cualquier motivo. Incluso, algunos salían a opinar en la prensa para luego decir que preopinaron. Y ejemplos hay varios. Recientemente el caso de la procesada ex defensora general.
En la Corte, varios ministros dicen “acepto” o “no acepto”, para tomar o no un caso cuando se inhiben sus colegas de otras salas, sin siquiera exponer motivos. Uno de los ministros había propuesto enviar al Jurado de Enjuiciamiento a los magistrados que se apartaban sin motivo. El tema está que el mismo anteproyecto ahora establece más requisitos a un juez para apartarse de la causa, aunque no prevén sanciones para los que se separan sin razón.
Pareciera que todo apunta que solo el abogado alarga los casos, amenazándoles con sanciones y suspensiones, sin tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, los motivos de la mora no son solo recusaciones, sino la falta de resoluciones en plazo. La culpa es compartida, y no se debe cargar la tinta solo sobre los profesionales del Derecho, sino que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Tener leyes draconianas que limiten derechos no es la solución a los males judiciales.
