En medio de las críticas lanzadas en redes contra el senador Basilio Bachi Núñez, proyectista de esta ley y de la de los invasores vips, mostró el dictamen a favor del Indert, pero obvió que, al final, esta institución fue excluida en la ley que aprobaron y luego promulgó Mario Abdo Benítez, en mayo de este año.
El Indert había dado un dictamen a favor, según lo publicado por Bachi, pero otros documentos de la misma institución señalaron cuestionamientos al proyecto, lo cual habría sido el motivo para excluir del proyecto de ley que luego fue sancionado y promulgado.
Lo mismo ocurrió con los dictámenes oficiales del Ministerio de Defensa dados al Senado durante el tratamiento como proyecto de ley, ya que Bachi mostró uno a favor, pero otros documentos cuestionaron el manejo, indicando que no había un censo real y que dirigentes estaban cobrando dinero a los ocupantes.
La ley. La Ley 7083/2023 expropió 1.167 hectáreas de la polémica finca N° 916 del Ministerio de Defensa, pero no indica a favor de qué institución o personas específicas, y solamente habla de un acuerdo que deben firmar la Municipalidad de Villa Elisa, el Ministerio del Urbanismo y el de Desarrollo Social.
Sin embargo, señala específicamente que el convenio de cooperación interinstitucional es “a fin de planificar y establecer un proyecto urbanístico integral que contemple la regularización y reubicación de ocupaciones, la instalación de servicios de salud (Hospital del Quemado), educación, de seguridad, de servicios básicos y espacios destinados a áreas verdes y asiento de instituciones deportivas y de esparcimiento”.
Esta expropiación se aprobó en mayo de este año, antes del escándalo de los identificados como invasores vips en Remansito, en la misma finca del Estado paraguayo, pero con un tamaño 10 veces más grande.
