Alertas. Así se encuentran sindicatos, gremios empresariales y legisladores luego de dar un primer vistazo al borrador del proyecto de ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones, y que está siendo divulgado por el Ministerio de Hacienda.
Esta propuesta, que está incluida en el paquete de proyectos económicos que serán presentados por el Ejecutivo al Congreso en marzo, según anunció el ministro Benigno López, plantea crear un ente regulador del sistema que actúe principalmente de contralor sobre las inversiones realizadas por las cajas y que intervenga en los casos de irregularidades detectadas en la administración de los fondos previsionales.
Las primeras reacciones, sin embargo, indican que el borrador difundido entre el sector privado no cayó del todo bien y ya generó los primeros cuestionamientos.
El principal temor es que detrás de esta legislación se esconda un interés de manotear los fondos jubilatorios, los que, según las estadísticas oficiales, llegan actualmente a los USD 3.537 millones.
Sin participación
Para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), son varios los puntos que abren la interrogante sobre el propósito del proyecto de ley.
El dirigente del gremio, Víctor Insfrán, explicó que los aportantes y los jubilados están fuera de la posibilidad de controlar el uso de los fondos. Esto, debido a que la propuesta plantea que esto quede a cargo de un superintendente designado por el Ejecutivo; mientras que los aportantes y jubilados formarán parte solamente de un consejo consultivo con opiniones no vinculantes a las decisiones.
Remarcó que tampoco se puso límites a los porcentajes de inversión, lo que podría derivar en una concentración excesiva de los recursos previsionales en bonos del Tesoro u otros instrumentos emitidos por el Estado.
“Sabemos que no hay garantías de devolución del Estado. ¿Cuántos millones de dólares le debe a IPS? Esto es peligroso, porque además se deja a cargo de una persona (el superintendente) todo el control, con el fantasma de la intervención flotando siempre si las cajas no se adecuan a los intereses de turno. Esperemos que realmente nos escuchen esta vez”, expresó Insfrán, recordando el fracaso de un proyecto similar en 2018.
El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, coincidió con la postura de la CUT en cuanto a la gobernanza. El empresario se mostró preocupado porque desde el gremio ven con preocupación que el proyecto tiene peores defectos que el rechazado hace unos años.
Refirió que se está dejando exclusivamente al sector público el control de los recursos, pero los aportantes y los jubilados nuevamente son dejados de lado, ya que no tendrán voz ni voto a la hora de las decisiones sobre la reglamentación y el control.
“Los verdaderos dueños van a estar para opinar nomás, como parte de un consejo consultivo. No nos parece correcto algo así”, manifestó.
Volpe recalcó que la no colocación de topes a las inversiones es un pensamiento cortoplacista y peligroso.
“Hay que pensar a largo plazo, blindar los recursos de cualquier tormenta o cambio político”, añadió.
Acabar con los manejos turbios
El ministro de Hacienda, Benigno López, por su parte, insistió en la necesidad de contar con la superintendencia de jubilaciones y pensiones, ya que el mercado actual se encuentra sin control.
El jefe del Equipo Económico enfatizó que los fondos de las previsionales ya son utilizados actualmente para inversiones en el sistema financiero. Sin embargo, no se tiene mucho control sobre estas operaciones.
“Lo que busca esta ley es que esos mismos recursos se usen de manera eficiente, controlada y razonable. No hay ninguna intención de apropiarse de esos fondos, pero que hoy IPS tenga, por ejemplo, el 70% de sus recursos en bancos a la vista, en un mercado atomizado solamente en el sector financiero, no es prudente”, mencionó.
Aclaró que con esta propuesta tampoco se busca la modificación de los parámetros vigentes en cuanto a edad, años de aporte o tasa de sustitución. Remarcó que cada entidad se va a seguir manejando de acuerdo con su carta orgánica.
Ex titular del IPS cuestiona la falta de proyectos en beneficio de los aportantes
Hugo Royg, ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS), se unió a las críticas en contra del proyecto de superintendencia de jubilaciones y pensiones.
Si bien dijo que es necesario contar con un ente regulador del sistema, acotó que impulsar una propuesta vinculada solamente a las inversiones es tener una vista acotada y no pertinente a la realidad de la seguridad social.
El economista resaltó que el principal problema del ámbito previsional es que los servicios que se brindan no son de buena calidad, comprometiéndose a futuro los recursos sin resultados a la vista.
Mencionó que son más de USD 3.500 millones los que están en juego, lo que representa aproximadamente el 9% del PIB. Sin una ley adecuada y sin participación de los aportantes, añadió, se podrían establecer regulaciones para favorecer a las inversiones del Estado, como los bonos del Tesoro.
“El sector público tiene que estar al frente como ente regulador, en eso coincido. El problema es que el espíritu de esta ley no refleja eso”, expresó.
Finalmente, el ex titular del IPS instó a las autoridades del Gobierno a trabajar en una entidad que realmente busque acabar con los problemas de la seguridad social, como la salud y la protección social.
“El interés que se tiene es el uso de los recursos. ¿Y la gente? No hay ningún plan de seguridad social”, refirió.
