La ‘Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, más conocida como ‘ley ómnibus’ o ‘ley bases’ -como la denomina el Ejecutivo-, es el proyecto estrella de su Gobierno, un corpus programático con medidas para desregular la economía y llevar al Estado a una versión liliputiense.
Tras fracasar en febrero en su trámite parlamentario, cuando fue aprobada en general, pero retirada por el oficialismo ante un seguro rechazo en la votación artículo por artículo, esta vez la iniciativa logró el aval completo y fue girada para su debate en el Senado, donde quizá tenga más dificultades para su aprobación definitiva por la escasa representación de La Libertad Avanza, el partido de ultraderecha que lidera Milei.
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Después de casi 30 horas de sesión, que comenzó alrededor de las 12:20 hora local (15:20 GMT) del lunes y concluyó pasadas las 17:00 hora local (20.00 GMT) de este martes, el oficialismo obtuvo el respaldo a su ley estrella y al paquete fiscal, otro de los escollos en el anterior trámite parlamentario, cuando el Ejecutivo lo dejó fuera del texto ante sus diferencias con los gobernadores provinciales.
La baja representación en ambas Cámaras obliga al oficialismo a tender puentes para obtener apoyos y así sacar adelante sus propuestas.
Esto, que pareció olvidarse en febrero cuando el presidente hablaba de los diputados como “ratas”, fue puesto en práctica en los meses posteriores con numerosas reuniones, que llevaron a la remodelación del texto.
Los diputados “que colaboraron en su elaboración, defendieron la norma en el recinto, y apoyaron con su voto las reformas que nuestro país necesita” llevaron a cabo una “labor patriótica”, según el comunicado difundido este martes por la Oficina del Presidente.
“El pueblo argentino requiere representantes dispuestos a terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa, en pos del futuro y el desarrollo de la Patria”, continuó el mensaje, que pidió “responsabilidad histórica” a los representantes de las provincias -integrantes del Senado- para que tengan “la grandeza vista hoy” en la Cámara de Diputados.
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La delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, la reforma laboral, la privatización de empresas y el establecimiento de un régimen especial de inversiones son los aspectos más destacados de este proyecto de ley que pasó de los más de 600 artículos de su versión original a los poco más de 200 actuales.
Los diputados avalaron la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo durante un año y la declaración de una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
Este capítulo fue uno de los que generó más polémica en febrero, pues el texto original proponía dos años -prorrogables a cuatro- de emergencia en 11 aspectos, lo que fue claramente limitado en esta nueva versión.
También se aprobó una lista de empresas públicas susceptibles de ser privatizadas, entre las que están Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (medios públicos).
Bajo el título de “modernización laboral”, los diputados también dieron su visto bueno a una reforma laboral que extiende el período de prueba de tres a seis meses y que permite sustituir la indemnización por despido por un sistema de cese laboral.
En cuanto al llamado “régimen de incentivo para grandes inversiones” (RIGI), busca aumentar la entrada de capitales en Argentina.
El RIGI -aplicable por dos años, prorrogable por un año más- cuenta con doce capítulos que crean estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años y mayor competitividad a inversiones superiores a 200 millones de dólares.
Junto a esto, el oficialismo logró la aprobación del paquete fiscal, que incluye aspectos como la restitución del impuesto a las Ganancias y el blanqueo de capitales.
Fuente: EFE.
