La Unidad Especializada de Financiamiento Político, del Tribunal Superior Electoral, había informado sobre el grado de cumplimiento de los requisitos que prevé la Ley de Financiamiento Político por parte de los candidatos. En general, el cumplimiento llega al 94%. La Asociación Nacional Republicana (ANR) alcanzó el 98%, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) apenas un 53%.
De acuerdo con la ley, cada uno de los precandidatos, tanto los titulares, como los suplentes y los aspirantes a cargos partidarios, debe realizar una declaración de ingresos y de gastos de campaña de manera inicial, con lo cual se deja constancia de cuánto dinero disponen para sus campañas. La normativa pretende evitar que el dinero sucio (del narcotráfico, corrupción pública y lavado de dinero) ingrese a la campaña electoral.
El Partido Colorado alcanzó el 98% de cumplimiento de la Ley de Financiamiento, teniendo un total de 66.015 candidatos, de los cuales cumplieron 64.472 personas. La Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay tiene 93% de cumplimiento, con 1.130 candidatos cumplieron 1.052 aspirantes a ocupar cargos públicos. El Partido Liberal Radical Auténtico cuenta con 53% de cumplimiento, con 1.870 candidatos, cumplieron 1.000 personas. El Partido Patria Querida tiene un 92% de efectividad. Presentó 670 candidatos y cumplieron 615.
No cabe dudas de que la ley debe ser mejorada, y uno de los aspectos más necesarios es lograr incorporar la trazabilidad del dinero. Actualmente, en el caso de las elecciones internas, las sanciones no pasan de la aplicación de multas. En este caso, si los precandidatos no presentan su rendición son sancionados por los órganos disciplinarios de los partidos políticos, apenas con multas.
En el caso de las elecciones generales, la Dirección General de Financiamiento Político aplica las multas de acuerdo con el grado de cumplimiento y la sanción puede afectar la transferencia del subsidio electoral.
Esto significa que el precandidato que logre ingresar a la lista de un partido político con una buena ubicación y con posibilidades de acceder a un escaño, por ejemplo, en el Parlamento Nacional, y que haya incumplido la Ley de Financiamiento, con una multa habrá sido absuelto. No hay posibilidades de evitar que este hipotético candidato, que pudo haber utilizado dinero del narcotráfico, llegue a convertirse en legislador y desde ese espacio —que es uno de los poderes del Estado—, tome decisiones que, sin duda, significarán la devolución de favores a sus financistas y podrán afectar en forma negativa la vida de los ciudadanos.
Es fundamental mejorar la actual ley, pues se deben establecer límites al aporte privado a los candidatos y a los partidos, considerando que ya el Presupuesto de Gastos de la Nación prevé millonarios aportes a los partidos políticos.
Este año, en un debate en el Parlamento, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, había dicho que el 80% de las instituciones están copadas, y se preguntaba: ¿Qué podemos hacer cuando el 80% de los que estamos sentados en este Parlamento respondemos al crimen organizado, cuando el 80% de la Policía, la Fiscalía y del Poder Judicial responden al crimen organizado”. Y es precisamente para evitar que tal escenario se vuelva realidad que la clase política debe comprometerse para combatir la irrupción del dinero sucio en la política, pues es un camino sin retorno.
No se debe permitir que el dinero de la mafia, del crimen organizado y del narcotráfico destruya nuestras instituciones. El dinero sucio usado en la política atenta contra la democracia.
