El Congreso Nacional sancionó el miércoles una ley que despenaliza el uso de cannabis medicinal y permite el cultivo y procesamiento doméstico de la planta. El documento ahora está en manos del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien debe decidir si promulgarlo o vetarlo.
Se trata del proyecto que modifica los artículos 30 y 33 de la Ley 1340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines, y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes.
La Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) se pronunció este jueves al respecto y manifestó su preocupación sobre los “peligros” que implican tal normativa.
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El secretario general del gremio, Luis Ávila, expresó a la 800 AM que el sector ahora está en una “disyuntiva” puesto que desde un principio apoyó toda la iniciativa del Poder Ejecutivo en el tratamiento del cannabis medicinal.
Sin embargo, recomendaron que el Gobierno se haga cargo de proveer la medicación de manera gratuita a todos los pacientes que así lo requieren. El planteamiento fue que los productos disponibles, importados y nacionales puedan ser adquiridos por el Gobierno y distribuido a la población.
“Porque seguimos hablando de un medicamento neurológico, con muchas peculiaridades. La gente necesita tener acceso a esa medicación. El cultivo y el procesamiento doméstico no garantizan un producto higiénico, un producto seguro, un producto dosificable”, señaló Ávila.
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“Esos peligros son los que hemos advertido en su momento y dijimos que debíamos ver un mecanismo para que toda la gente acceda a esa medicación y no necesite estar procesando domésticamente con los riesgos que eso implica”, continuó.
El documento sancionado por el Poder Legislativo contempla en su modificación que no será punible la tenencia de cannabis o sus derivados para uso exclusivamente medicinal, en los casos en que el tenedor porte un certificado médico visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Además, que no será punible la siembra, el cultivo, la cosecha ni el procesamiento posterior de plantas de marihuana, siempre que la persona o su representante legal los haga en un inmueble autorizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
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El proyecto fue presentado al Congreso por el senador liberal Víctor Ríos tras varias audiencias públicas realizadas con organizaciones civiles como Mamá Cultiva Paraguay.
Dicha organización apunta que la ley haga una diferencia entre los usuarios medicinales y los que trafican la marihuana a través de la receta visada por la autoridad sanitaria, para no ser penalizados por el autocultivo, la elaboración y el uso del aceite de cannabis con fines paliativos.
Mamá Cultiva actualmente aglutina a unas 500 familias de pacientes de diversas patologías como la epilepsia refractaria, cáncer, autismo, parkinson, alzheimer, esclerosis múltiple, fibromialgia, entre otras, que aseguran resultados efectivos de esta medicina.
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En el país, el caso de Édgar Martínez Sacoman es emblemático en la causa, ya que fue condenado a cinco años de prisión por producir aceite de cannabis de manera artesanal para ayudar a personas enfermas.
