La complicidad y la benevolencia con que fiscales y jueces actuaban en todo momento con los González Daher han puesto de manifiesto cómo estos operaban conforme a los intereses del clan luqueño. En los conocidos audios que involucran a agentes fiscales y magistrados saltan cómo el entonces senador Óscar González Daher, ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fallecido en octubre del 2021, los ponía de rodillas y hacía cumplir sus pedidos. En tanto, otro miembro del clan, el prestamista Ramón González Daher, no se quedaba atrás y todo ese poder que tenían los hermanos lo utilizaba para extorsionar a sus “clientes” de la usura, quienes sufrían el apriete de los fiscales que creaban causas para beneficiar a RGD, como pago de favor o con la intención de recibir en el futuro un mejor cargo.
La muerte de OGD no hizo mella en el poder del hermano, porque Ramón González Daher siguió manteniendo su fuerte influencia en el sistema judicial, a tal punto que continuó consiguiendo a su favor medidas indulgentes en sus causas y maniobrando para que no quede firme la condena de 15 años que le fuera impuesta por un Tribunal de Sentencia por usura, lavado de dinero y declaración falsa. Ante este escenario es que las víctimas reclaman que se corten las chicanas y que las instancias judiciales no se presten a estas maniobras, considerando que las denuncias realizadas por RGD, calificadas de falsas, quedarán anuladas cuando la sentencia quede firme y ejecutoriada.
En diciembre del año pasado, cuando el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos condenó a RGD a la citada pena, y a 5 años a su hijo Fernando González Karjallo, tras hallarlos culpables de tales delitos, la presidenta del Tribunal de Sentencia, la jueza Claudia Criscioni, pidió disculpas a todas las víctimas del ex dirigente deportivo en nombre de la Justicia paraguaya.
El Tribunal comprobó que RGD y su hijo utilizaban a la Justicia para lograr sus objetivos, además de hostigar y amenazar a sus víctimas. Los aprietes de fiscales a los supuestos estafadores denunciados por RGD y las resoluciones de jueces a favor del clan González Daher eran necesarios para que cierre el círculo de la operación.
En los audios reproducidos durante el juicio se probaron las súplicas de las víctimas mientras eran amenazadas por RGD. Además, la jueza solicitó la investigación del Ministerio Público a los operadores de Justicia que participaron en los 155 procesos abiertos a instancias del usurero.
Posterior a este pedido, se iniciaron auditorías a las causas en el Ministerio Público y la Corte Suprema e investigación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. A casi cinco meses de la excepcional sentencia, es notoria la lentitud del sistema para castigar a los agentes judiciales involucrados en el esquema corrupto articulado por RGD. De estas instituciones no se sabe aún de conclusiones y el JEM sostiene que ya analizó más de la mitad de los informes sobre actuaciones de fiscales, pero sin ninguna decisión.
Las víctimas de las extorsiones necesitan que se les haga justicia, primero con la sentencia que quede firme y, como dijo la jueza Criscioni, “de que si se confirma, les pueda servir de alguna manera para poder limpiar su honor y reputación”. Luego, con que el mismo sistema judicial depure sus filas de aquellos fiscales y jueces que se complotaron con el clan luqueño para chantajearlas.
En este contexto, lo que resalta es la falta de resultados y de claridad en el proceso para castigar al esquema corrupto que montaron los González Daher en la Justicia.
La limpieza de este esquema judicial es todavía una cuenta pendiente, por lo cual no sería raro que el luqueño siga beneficiándose de aquel.