En el material que se difundió en un grupo de WhatsApp, Leite hizo referencias al proyecto sancionado con modificaciones en Diputados, donde establecen controles para endurecer artillería contra las organizaciones.
“Las sanciones son retiro del RUC, cese de actividades. Ellos querían, unas boludeces que pidió Santi”, expresó.
Agregó que “para nosotros el punto 6 y 7 era lo innegociable. Nos plantamos sobre el final y vos ya sabés gracias a quién no torcimos el brazo. Te mando el resumen”, expuso. Estos artículos hacen referencia a las transparencias con sus comprobantes legales, la lista de profesionales, técnicos y especialistas. Así como la rendición de cuentas que deben presentarse semestralmente a Economía.
inconstitucionalidad. Leite agrega que “hasta yo creo que se equivocaron porque incluyeron incluso que se debe informar de fuentes privadas nacionales e internacionales”. “Eso es bueno y después también que los tres poderes pueden pedir informes y ellos están obligados a dar. Rigen las sanciones si no nos dan”, expuso.
A renglón seguido, se escucha decir que “eso se va a trancar por la inconstitucionalidad, porque ellos evidentemente no nos pueden dar los datos, porque si nos dan los datos, ellos mueren política y socialmente en Paraguay”.
SEGUIRÁN VENTILANDO. Agregó que las oenegés están absolutamente desgastadas.
“Hoy un oenegero es alguien que no quiere la transparencia; es incoherente que dice una cosa y hace otra cosa. Tenemos que insistir por ese lado. Y por supuesto ventilar lo que tenemos”, confesó.
Leite justamente forma parte de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) bautizada como comisión garrote contra las oenegés.
El trabajo de esta instancia legislativa se centró en solicitar información a las organizaciones que recibieron financiamiento de Usaid para realizar diferentes programas en materia de democracia, investigación, justicia y capacitación.
Una vez que algunas organizaciones entregaron documentación, coincidentemente, operadores cartistas en las redes sociales empezaron a filtrar y atacar a activistas, abogados, periodistas que realizaron algún tipo de trabajo, buscando estigmatizar.
La artillería del oficialismo apunta a cuestionar que algunas personas fueron candidatos de la oposición y que tuvieron vinculación con algunas de las organizaciones civiles.