Innumerables estudios, analistas, expertos y hasta autoridades de turno han reflexionado acabadamente a lo largo de estos últimos años sobre lo injusto que es el sistema tributario paraguayo.
Un sistema que se ha caracterizado por agobiar a la clase media y baja con impuestos indirectos y una extrema burocracia en los regímenes de renta, pero que ha hecho la carga más ligera para la clase alta con permisivas deducciones en los gravámenes directos, evidentemente necesitaba una reforma, aunque sea una moderada y sencilla.
El Gobierno ha hecho esa reforma y corrigió, en cierta manera, algunas de las inequidades. Los sojeros ya no tendrán devolución de créditos fiscales por operaciones de exportación y pagarán un tributo adicional por el reparto de sus utilidades, los contribuyentes más ricos ya no podrán deducir todos sus gastos en el impuesto a la renta personal (IRP) y los pequeños aportantes tendrán la posibilidad de ingresar al circuito financiero mediante regímenes simplificados.
Ahora bien, estas modificaciones no serían objeto de gran discusión, ni siquiera por parte de los sectores afectados, si los ingresos obtenidos por el cobro de los tributos son direccionados correctamente y tienen como resultado unos servicios públicos eficientes.
Lamentablemente, nuestro gasto público se ha distorsionado tanto que pedir más impuestos en un contexto de despilfarros, prebendarismo y masivos cuestionamientos al Equipo Económico Nacional fue visto por la gente como un insulto al sentido común.
La cumbre de poderes convocada la semana pasada por el presidente Mario Abdo Benítez, con el objetivo de lograr un pacto para mejorar el gasto público, en ese sentido, es un paso en el camino correcto. Un acuerdo que tenga como objetivo establecer políticas de Estado que atraviesen administraciones y partidos políticos no solo demostraría una real voluntad de cambio de los tres poderes, sino que además dará legitimidad a la tan promocionada reforma tributaria.
De acuerdo con las informaciones publicadas por el Ministerio de Hacienda, el borrador de acuerdo elaborado por el Ejecutivo estaría listo esta semana. En ese documento, se propondría un pacto para reformas en tres ejes: compras públicas (contrataciones del Estado), servicios personales (beneficios salariales) y sistema previsional (jubilaciones y pensiones).
De estos tres ejes, sin demeritar a los otros dos, el más importante es el segundo. Las estadísticas oficiales indican que el gasto del aparato estatal se ha quintuplicado en los últimos 15 años, con lo que también tuvo un crecimiento relevante el porcentaje de la recaudación tributaria que se destina a los servicios personales. Esto no sería un problema para Abdo Benítez, como ya se resaltó un poco más arriba, si el crecimiento del aparato se traducía en una mayor eficiencia en los servicios a la población. Pero no.
El crecimiento del aparato estatal paraguayo se fundamentó en contrataciones basadas principalmente en el color o en los favores políticos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) divulgado el año pasado indicaba que nuestro país tenía un malgasto de 4% del producto interno bruto (PIB), debido principalmente al tema salarial. Esto, en cifras nominales, significa unos USD 1.600 millones.
El Gobierno Central ha dado la primera señal la semana pasada en la cumbre de poderes y ha decretado la suspensión de las contrataciones y los nombramientos por lo que resta de este año, como así también la limitación del pago de haberes complementarios y de las adquisiciones de los servicios de ceremonial, cátering y equipamientos. Sin embargo, si se persigue la real transformación del gasto, es impostergable la realización de una profunda revisión de la estructura salarial, del funcionamiento de las instituciones y de la distribución de las tareas gubernativas.
Pero no mañana, ni pasado. Hoy.
