29 mar. 2024

Legislativo se autoprivilegia y podrá contratar personal sin restricciones

Se aprobó dentro del PGN 2021 un artículo que autoriza al Congreso a contratar funcionarios sin concursos, como estipula la Ley 1626. En año electoral ni siquiera deberán pedir permiso al EEN.

En una práctica que se repite cada año, el Congreso Nacional volvió a autoexcluirse de las exigencias contempladas en la Ley 1626 de la Función Pública y podrá contratar libremente a nuevos funcionarios sin la necesidad de realizar concursos.

El Legislativo aprobó dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 un articulado que autoriza a ambas cámaras a contratar de acuerdo con sus necesidades y establece además que ni siquiera hará falta la venia del Equipo Económico Nacional (EEN), en contramano a las restricciones impuestas para el resto de las instituciones públicas. En un año en el que se vienen las elecciones municipales en todo el país, los parlamentarios también abrieron las puertas para que el Poder Judicial pueda hacer lo mismo.

Como este apartado no tuvo objeciones en ninguna de las cámaras en la primera vuelta del PGN 2021, ya quedó sancionado y pasará al Ejecutivo para su promulgación.

CRÍTICAS. Esta decisión del Congreso generó duras críticas del sector privado y del propio Ministerio de Hacienda.

Para la economista Gloria Ayala Person, esta clase de aprobaciones van en contra de la prudencia que se tiene que reflejar en el plan de gastos. Recordó que el Estado no genera los recursos para financiar el PGN, sino que solamente administra el dinero de los contribuyentes, por lo que reclamó un manejo correcto de los fondos.

“Solo ellos pueden hacer promociones de cargo o aumentar salarios sin cumplir la Ley 1626. La ciudadanía ya no soporta actitudes prepotentes de políticos arrogantes que se burlan del pueblo. Nos hartamos de operadores políticos colgados del erario, mientras faltan alimentos diarios a miles de niños”, cuestionó.

A su criterio, es urgente contener el gasto público, por lo que recomendó suspender o diferir la creación de nuevas entidades, eliminar la figura del retiro voluntario y prohibir la firma de acuerdos que representen obligaciones en materia presupuestaria, entre otros. En este mismo sentido se había manifestado días pasados el Club de Ejecutivos del Paraguay, gremio que incluso puso a consideración de los parlamentarios un estudio donde analiza la calidad del gasto y elabora sugerencias para ganar en eficiencia.

Topes. Desde el Ministerio de Hacienda también criticaron esta decisión del Parlamento.

El titular de la cartera, Óscar Llamosas, informó que el gasto salarial ya se infló en G. 50.000 millones en el Congreso en la primera vuelta de estudio del PGN 2021, por lo que dijo estar preocupado por las señales que se dan desde ese poder del Estado.

Recordó que desde el Legislativo se critica a Hacienda constantemente por la falta de reducción del gasto, por lo que desde hace varios meses se está trabajando en la nueva ley del servicio civil y de compras públicas. No obstante, prosiguió, en contramano a esos cuestionamientos y a la necesidad de un ajuste de cinturones por el impacto de la crisis en las finanzas públicas, el Senado volvió a inflar el gasto salarial y reasignar recursos de gastos no rígidos a gastos corrientes, a lo que se suma esta decisión de contratar sin restricciones.

El jefe del Equipo Económico ya adelantó que están preparando un plan financiero con duras restricciones al gasto, en especial lo referido a los salarios.

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Diputados no definió todavía la fecha de la nueva sesión
La Cámara Baja debe definir en estos días la nueva convocatoria a sus miembros para el reestudio del PGN 2021. El tiempo límite es el 6 de diciembre.
En la media sanción inicial, los diputados aprobaron rápidamente el plan de gastos, sin muchas polémicas. Realizaron varias reasignaciones y concedieron aumentos a varias entidades, aunque el punto principal es que aumentaron el gasto salarial en G. 20.000 millones.
El PGN 2021, con las ampliaciones y reasignaciones hechas en Senado, alcanzó los USD 13.040 millones. Ese monto implica un aumento de USD 63,7 millones con relación a la versión Diputados.
La diferencia crece a USD 126 millones si se compara con lo sugerido por la Comisión Bicameral.