Los legisladores consiguieron por segunda vez posponer la presentación de sus declaraciones juradas de intereses, que son necesarias para identificar escenarios de conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y además para garantizar la imparcialidad en la labor o toma de decisiones.
Hoy vencía el plazo otorgado por la primera prórroga impulsada por el Congreso, y la Contraloría informó ayer de una nueva ampliación hasta el 30 de abril del próximo año, para la presentación de las declaraciones, en el marco de la ley vigente de conflicto de intereses. Es decir, podrá darse casi dos meses después de la vuelta del receso parlamentario.
La normativa es muy resistida, sobre todo, por los colorados y, más aún, por el cartismo que tiene negocios con el Estado, familiares en la función pública y una gran cantidad de gerentes de las empresas ligadas a ese sector político, como las de Horacio Cartes, siendo altos funcionarios y ministros, casos conocidos como “puertas giratorias”.
De hecho, los legisladores cartistas y aliados modificaron la ley actual, acomodando a su conveniencia el nuevo proyecto y matando su esencia con un total de 18 artículos modificados y cuatro derogados. De esa forma fue sancionado el texto ya el pasado 13 de diciembre y derivado al Poder Ejecutivo. Hoy se cumplen 16 días de la sanción y Santiago Peña se está tomando el tiempo retrasando su inminente promulgación.
La oposición pide el veto, ya que la ley fue cercenada. Uno de los cambios más llamativos fue que no están obligados a declarar sus vínculos familiares en el Estado.
Recientemente, salieron a luz una gran cantidad de hijos contratados en cargos de confianza en la Cámara de Diputados, con la firma de su presidente, Raúl Latorre. Entre ellos, la hija del vicepresidente Pedro Alliana, el hijo del senador Silvio Ovelar, el hijo de la diputada Roya Torres y la hija del diputado Domingo Adorno, entre otros.
Modificaciones a medida. En la ley pendiente de promulgación, la Cámara de Senadores eliminó la sanción de hasta 300 jornales mínimos e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de hasta 5 años para los ex funcionarios que incumplieran las prohibiciones del artículo 24, que también fue eliminado, además del 25 y el 26.
Igualmente, eliminó toda mención a la obligación de declarar vínculos con posible conflicto de interés con cualquier familiar, además de los casos de puertas giratorias, lo que abrió la posibilidad de que autoridades no transparenten sus declaraciones juradas.
En la ley vigente ni ex funcionarios ni parientes cercanos pueden ocupar puestos en el sector privado relacionados al cargo que habían dejado en la función pública hasta un año después del cese de sus funciones en el sector público. Con la eliminación del artículo 24, también se eliminó el plazo de un año.
