"¿Crees que alguna vez la Justicia paraguaya podrá aclarar realmente lo que pasó en Curuguaty?”, me preguntó Ana Paula, amiga y colega brasileña que me llama por teléfono desde São Paulo, para pedir que le ayude a entender la compleja realidad paraguaya (como si fuera tan fácil).
Ella estaba pasmada, tras leer la lista de evidencias contra los campesinos imputados por la masacre de Marina Cué, presentadas por la Fiscalía ante el Juzgado, que incluye semillas de coco, botellas, honditas y escopetas que no fueron disparadas.
Respondí que –al igual que una gran parte de la población– tenía mis dudas de que esta Justicia pueda llevar adelante un juicio justo. A un año de la masacre, a pesar del insistente clamor de la sociedad y de organismos internacionales, el Ministerio Público y el Poder Judicial insisten en una historia oficial prefabricada que hace agua por todas partes.
“Entonces, ¿la gente nunca podrá saber qué pasó realmente?”, inquirió Ana Paula. Probablemente sí, le dije, la gente siempre acaba sabiendo la verdad, pero no gracias a la Justicia, como en la mayoría de los grandes casos judiciales en este país.
Le conté del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, a manos de sicarios de la mafia fronteriza, en abril de 1991, como castigo por sus valientes denuncias. Hoy casi todos sabemos quienes lo mataron, pero no gracias a la Justicia paraguaya, sino a la policía brasileña y a la prensa, que sacaron a la luz valiosos testimonios. Nuestra Justicia no solamente no movió un dedo para investigar, sino fue cómplice para que los asesinos continúen libres e impunes.
Le conté del caso del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y el de siete manifestantes durante el Marzo paraguayo, en 1999, en los que la Justicia permitió que los principales implicados se libren de las acusaciones, y aunque se llevó adelante una fuerte campaña mediática para distorsionar los hechos, hoy mucha gente sabe quienes fueron los principales responsables de los crímenes.
Le conté del caso del incendio del Ycuá Bolaños, el 1 de agosto de 2004, donde murieron casi 400 personas, y que las víctimas ratificaron, hace apenas dos días, que las penas impuestas a los responsables les dejó un sabor a impunidad.
Le hablé del asesinato del jefe antidroga Rosa Rodríguez, de los más de cien jóvenes soldados muertos en los cuarteles, de los dirigentes campesinos asesinados por reclamar tierra o movilizarse contra el envenenamiento con agrotóxicos, casos cubiertos con el manto de la impunidad.
Son las grandes deudas que la Justicia tiene con la sociedad paraguaya. Deudas que hasta ahora los sectores de poder evitan que sean saldadas. Pero en algún momento la propia gente saldrá a exigir con mayor fuerza, como ya está ocurriendo en otras sociedades.