Ocho miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) que hicieron parte del Secretariado, máximo órgano de decisión de la guerrilla, hicieron el lunes un mea culpa para “pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y a sus familias”, declaración bien valorada por los colombianos pero insuficiente para pasar la página.
“El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”, añade el mensaje de reconocimiento, esperado por el país desde que las FARC firmaron el acuerdo de paz, en noviembre de 2016.
La magnitud y gravedad de este crimen se puede constatar en el carácter prioritario que le dio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuando el 4 de julio de 2018 abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado, el llamado “Caso 01", relacionado con “el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012".
20.000 VÍCTIMAS. Según la JEP, en este proceso se investigan “más de 9.000 hechos ocurridos durante esos 19 años” y hasta el momento 2.107 víctimas han sido acreditadas, pero en la primera etapa de la investigación la “Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas” del tribunal “ha encontrado que las víctimas pueden llegar a ser más de 20.000".
La cifra, aunque escalofriante no sorprende si se tiene en cuenta que la Fundación País Libre llegó a contabilizar 3.706 casos de secuestro en el año 2000, no solo cometidos por las FARC y otros grupos armados ilegales sino por la delincuencia común.
INDUSTRIA CRIMINAL. De esa industria criminal, con la que las FARC financiaban en parte su actividad, fueron víctimas civiles de todas las condiciones sociales así como políticos, policías y militares tomados cautivos a montones por la guerrilla al terminar los sangrientos asaltos a pueblos remotos de todo el país.
“Es positivo que ahora ya reconozcan el secuestro”, dijo el general retirado de la Policía Luis Mendieta, quien cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres tras la toma de Mitú, en noviembre de 1998 y permaneció cautivo casi 12 años, hasta el 13 de junio de 2010, cuando fue rescatado. Tras el reconocimiento del secuestro y toda la tragedia que ello supuso y aún supone para miles de personas, la sociedad colombiana espera que las FARC y la propia JEP avancen en lo que prevé el acuerdo de paz, que es la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
“Un gravísimo error”
Los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común aseguran en su declaración que tras hacer una “reflexión profunda” sobre el conflicto armado del cual fueron protagonistas por más de 50 años, quieren “decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”. La declaración está firmada por el presidente del partido y último jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, y por antiguos mandos, algunos de ellos miembros del Congreso, como Julián Gallo, Pablo Torres, entre otros.
