Al dejarse sin efecto el estado de emergencia, también deja de tener vigencia la Ley 6699, del uso obligatorio de tapabocas, ya que el artículo 17 dice que su vigencia es solo durante ese periodo de declaración del Poder Ejecutivo.
Unas 3 mil personas habrían sido imputadas por casos de esta naturaleza, la mayoría con quejas de su inconstitucionalidad.
La jueza de Garantías, Lici Sánchez, señaló que es el Ministerio Público el que debería hacer la solicitud, teniendo en cuenta que tienen el monopolio de la acción penal pública.
En su Juzgado, la magistrada tiene 22 causas aún activas, a más de 17 procesados con rebeldía y captura. Además, ya cuenta con 99 casos finiquitados sobre el mismo tema.
Además, los jueces Raúl Florentín y Julián López también tienen causas por violación de la cuarentena sanitaria. El caso de la activista María Esther Roa está entre ellas.
La propia Constitución habla de la irretroactividad de la ley, salvo caso de favorecer al procesado. En este caso, al no haber estado de emergencia, las causas aún vigentes deberían quedar sin efecto.
Sánchez instó a las personas que cuentan con rebeldía, que se presenten al Juzgado, de modo a levantarse la rebeldía y comunicar al fiscal para que hagan la petición.
Algunos abogados dijeron que el Código Penal, en su artículo 5, inciso 4, apunta que las leyes transitorias igual al dejar de tener vigencia pueden aplicarse las sanciones. Pero en este caso, no hubo leyes transitorias, sino que se usó la ley de medio ambiente.