Cabe destacar que las casas de cambio pretenden cambiar los límites establecidos para la aplicación de los trámites de debida diligencia simplificados, los cuales son considerados bajos. En ese sentido, Rogelio Welko, titular de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP), explicó que la intención del sector es elevar el tope para operaciones únicas desde tres salarios mínimos a 30, mientras que para las operaciones acumuladas se pretende llegar a 50 salarios mínimos en un semestre, por encima de los seis salarios en un trimestre que señala la norma actual.
De esta manera, los topes pasarían a incrementarse de USD 1.000 a USD 9.600 para operaciones únicas y de USD 1.900 a USD 65.000 para operaciones acumuladas en seis meses, en caso de aprobarse lo que fue puesto a disposición por parte de las entidades dedicadas al cambio de divisas. A partir de los montos máximos fijados para la diligencia simplificada, se requiere documentación que demuestre la correspondencia de ingresos del cliente con la transacción que quiere hacer.
Welko destacó la receptividad de las autoridades y aseguró que los representantes de las casas de cambio se encuentran optimistas en llegar esta vez a una solución a la problemática que afecta a sus negocios. Desde la puesta en vigencia de la resolución 248, las empresas señalaron sus inconvenientes para operar e incluso una de ellas, Cambios Chaco, decidió cerrar una veintena de locales argumentando los efectos del Covid-19 y las dificultades de la aplicación de la norma para la prevención de lavado.
evaluación. Por su parte, Diego Marcet, asesor jurídico de la Seprelad, destacó que la propuesta realizada por las casas de cambio surge de un análisis técnico y que la existencia de una sola iniciativa facilita el análisis correspondiente en un menor tiempo. Según lo que explicó el funcionario, el tema es una prioridad y ahora se procederá a verificar los números presentados en conjunto con los técnicos del BCP para definir si se aceptan los nuevos límites sugeridos o si se vuelve a realizar una contrapropuesta, pero ratificó que la intención es llegar a un acuerdo que permita la aplicación plena de la resolución 248 de la institución antilavado. “El tema es prioridad para ambas instituciones, queremos continuar con este proceso de actualización normativa y queremos que la norma esté 100% implementada”, refirió.
