Apenas fue derrocada la dictadura hicimos a las apuradas una nueva Constitución, que tuvo como objetivo principal evitar caer de nuevo en una dictadura, para lo cual transfirió gran parte de los poderes del presidente al Congreso y retiró ciertas atribuciones del gobierno central para transferirlo a las recién creadas gobernaciones o a los municipios que se multiplicaron como hongos.
Cambiamos radicalmente el diseño político de nuestro país, pero… no cambiamos ni la corrupción ni la mediocridad imperante. El resultado ha sido desastroso: Tenemos un Poder Ejecutivo extremadamente débil sin capacidad para gobernar, tenemos un Congreso todo poderoso, pero integrado en su mayoría por gente corrupta y mediocre.
Tenemos 17 gobernaciones que todos sabemos que no cumplen ninguna función y por otro lado hemos multiplicados los municipios que en la actualidad son 254, la mayoría extremadamente pequeños y sin capacidad institucional ni vocación para cumplir su función.
Estas instituciones se componen de 17 gobernadores, 254 intendentes municipales, 214 miembros de Juntas Departamentales y aproximadamente 2.500 miembros de Juntas Municipales, cada uno de ellos con sueldos cercanos a los 20 millones de guaraníes mensuales.
Esta semana, como nunca antes, he visto en las redes sociales numerosos mensajes de personas irritadas y enojadas con tanto despilfarro y tanta indecencia. Existe un hartazgo y un malestar en la ciudadanía contra esta democracia corrupta e incompetente que tenemos.
Es indignante saber que el 97 por ciento de todo lo recaudado por el Fisco se destina a gastos rígidos y que el 75 por ciento se utiliza para pagar sueldos de un Estado sobrepasado de funcionarios que además gozan de beneficios muy superiores al resto de la población.
Es indignante saber que una gran parte de esos gastos en salarios se lleva el Ministerio de Educación, que con más de 98.000 funcionarios tiene la misma cantidad de funcionarios que la suma de todos los otros ministerios juntos.
Es indignante saber que este Ministerio de Educación, que tiene casi el 45 por ciento de todos los funcionarios públicos, está controlado por políticos y por sindicalistas que año a año presionan por mayores beneficios y aumentos salariales, a cambio de una pésima calidad educativa que augura un sombrío futuro para nuestro país.
Para poder mantener a esta gigantesca estructura, el año pasado tuvimos que ampliar a un peligroso 2,8 por ciento el límite de déficit establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y a comienzos de este año tuvimos que volver a hacer una emisión de Bonos por 450 millones de dólares, que en un 67 por ciento será destinado a pagar deudas viejas.
A todo esto que ya viene de larga data, se le han sumado las noticias de que la Secretaria de Tributación va a aumentar los controles sobre los contribuyentes y de que va a cobrar más gracias a la reforma tributaria recientemente aprobada.
Mucha gente expresó en las redes sociales su indignación, su impotencia y su sentimiento de atropello a la dignidad ciudadana. Y ya se escuchan voces que para enfrentar estos abusos, hablan de dejar de pagar los impuestos, de instar a movilizaciones ciudadanas como en Chile o de pretender la nefasta vuelta a la dictadura.
El “trípode” que hoy nos gobierna compuesto por los políticos, los sindicalistas y los proveedores del Estado deben leer muy bien este creciente malestar de la gente, moderando sus reclamos y reformando este sistema que no funciona, que nos ha hecho pasar de la dictadura a la anarquía.
Si no lo hacen ahora, tendrán que hacerlo después de una explosión social… como está ocurriendo, a las apuradas, en muchos países de América del Sur.
