El diputado Antonio Buzarquis cuestionó el accionar del Estado para hallar a personas desaparecidas y que la burocracia esté a la orden del día.
El legislador refirió que algunas propuestas legislativas fueron presentadas en su momento y citó un proyecto de ley que establece el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas, presentado por Rodrigo Blanco. “Este proyecto de ley fue rechazado por recomendación de la propia Policía Nacional y por recomendación del Ministerio de Economía”, lamentó.
Agregó que argumentaron que establecer un protocolo no es necesario; en este momento, Burzarquis procedió a romper el documento en la sesión.
“Entonces decían que iban a presentar un protocolo para salvar la vida de personas desaparecidas en virtud de la nueva ley orgánica policial y hay una resolución que establece el procedimiento a través del Departamento Especializado de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en este caso, menores de edad. A la fecha, tenemos 900 ciudadanos paraguayos desaparecidos, de los cuales 200 son jóvenes” mencionó.
Relató que el problema es que la propia Policía Nacional dice que esta dirección no puede operar porque no cuenta con presupuesto. “Entonces, este protocolo es letra muerta. No sirve para nada este protocolo”, expresó.
Seguidamente, comentó lo señalado por la comisaria Lucía Ávalos, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional. “Dice que tienen un departamento de búsqueda y de localización, pero necesitan USD 2 millones. Tienen 17 funcionarios para todo el país. Y, en realidad, es una oficina donde reciben denuncias ciudadanas”, describió.
“Nos vinieron con el cuento de que hay que darle mesa de entrada, hacer denuncia, que hay que esperar 24 horas, 48 horas, que hay que llamar, que hay que investigar. Siempre la burocracia y siempre la excusa poniéndole plazos”.
Sostuvo que la vida de un ciudadano paraguayo no necesita plazos. “La Policía Nacional, la Fiscalía y las instituciones del Estado tienen que actuar inmediatamente. Eso dice la Constitución Nacional en virtud del artículo que habla del derecho a la vida”, finalizó.
Sociedad machista
Carlos Pereira habló del reflejo de la sociedad machista que hace crecer a los niños y jóvenes con la idea de ser el hombre de la casa. También habló de padres ausentes en la crianza y del permisivismo en las familias.
Acerca de la idea de bajar la edad para sancionar con el Código Penal, el diputado dijo que podría ser aplicable, pero no es la solución absoluta. “Esto se volvió algo cultural, estas formas de ver y actuar con violencia, lo vemos a diario. Ese entorno social que es la familia no reacciona”.
Johanna Ortega, de País Solidario, dijo que las leyes existen, pero falta una decisión política para implementar un verdadero sistema de protección, una red que funcione a tiempo, que prevenga, que escuche, que actúe. “Sin embargo, lo que hoy tenemos son sectores que bloquean cualquier intento para educar para la prevención”, indicó.
Dijo que no se opone a sancionar con todo el peso de la ley a quienes cometan estos crímenes, pero la Justicia no solo se mide por la cantidad de años de cárcel para los responsables. “La Justicia debe garantizar que ninguna otra familia paraguaya tenga que pasar por lo mismo”, aseguró.
“La ausencia del Estado mata, pero también mata la hipocresía de quienes se llenan la boca hablando de defensa de la vida y la familia, y miran al costado cuando les toca designar jueces y fiscales que no llegaron a tiempo para salvar a Fernanda”, aseveró.
La diputada llamó la atención por la indiferencia a sus colegas quienes no mostraban interés en el caso de María Fernanda. “En este lugar se deben dar debates de calidad”, señaló.
