30 abr. 2026

Lambaré: Empleado del intendente decide sobre licitaciones de obras

Wilfrido Simón González Orzusa, síndico del Grupo Imola SA, empresa de Guido González, intendente de Lambaré, integra el comité de evaluación de licitaciones de obras de la Comuna.

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Comité. González integró el comité de evaluación de una licitación protestada.

Wilfrido Simón González Orzusa, director de Planificación de la Municipalidad de Lambaré, es, al mismo tiempo, síndico del Grupo Imola SA, firma que posee estaciones de servicios en la misma ciudad y que es administrada por el mismo jefe comunal Guido González.

Lo llamativo es que en la licitación con ID 432979 denominada “Construcción de regularización asfáltica, cunetas, badenes y remoción con reposición de empedrado” por G. 3.788.737.466, González formó parte del comité evaluador de las ofertas.

De esta manera, un empleado de la empresa privada del intendente está tomando decisiones sobre las licitaciones de obras públicas de la Comuna.

LAMBARÉ. Intentamos comunicarnos con González al número con terminación 098 pero no obtuvimos respuestas hasta el cierre de esta edición.

Guido González, jefe comunal, sí dio su versión de los hechos al afirmar que no existe ningún impedimento legal para que González Orzusa forme parte de su empresa y al mismo tiempo, sea funcionario de la Municipalidad que administra.

“Te pregunto algo: ¿un funcionario no puede formar parte de una empresa privada? No sé cuál es el problema. Nosotros no somos proveedores de nada al Estado paraguayo y menos de la Municipalidad de Lambaré. No hacemos ningún equipamiento para la Comuna. Vendemos autorradios, bloqueos, polarizados y más que no se venden al Estado. González está como síndico. Él es funcionario y cumple horario, por lo que puede formar parte de cualquier empresa. ¿En qué parte de la Constitución Nacional se le inhabilita para poder hacerlo?”, manifestó.

ASPECTOS LLAMATIVOS. Existen otros aspectos que generan dudas sobre la transparencia del citado llamado a licitación.

Una de ellas es que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en su Resolución 540/24 de fecha 26 de febrero, ordenó la anulación de la adjudicación del lote uno del llamado y retrotraer lo actuado a la etapa de la evaluación de las ofertas.

Se trata del lote adjudicado a la firma TP-1, de Daisy Mabel Barquinero Agüero, cuyo contrato es por G. 2.711.471.250.

La protesta fue promovida por uno de los oferentes que se presentaron al llamado (Tecnoedil SA), que denunció justamente al comité evaluador (integrado por González Orzusa) de no presentar todas las documentaciones necesarias para descalificar a la firma.

El informe de evaluación señaló que la oferta de Tecnoedil SA fue descalificada por no haber presentado los documentos relacionados con “la descripción preliminar del método de trabajo, cronograma específico, gráficos, diseños y curva de avance financiero”. No obstante, dichos documentos no se encuentran individualizados en la nota 135/23 remitida por el comité de evaluación; es decir, dicho comité no indicó con precisión qué documentos debía presentar el oferente.

ANTECEDENTES. El principal cuestionamiento sobre la administración de González son las muertes de dos militares a causa de raudales ocurridas en noviembre del 2023. El caso no registra avances importantes en la Fiscalía.

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Empresa privada. El funcionario integra la empresa del intendente como síndico.

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