Editorial

La violencia amenaza la institucionalidad del país

El atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero y las cuatro violentas ejecuciones por encargo en dos hechos ocurridos, uno en el Departamento de Canindeyú y otro en Amambay, constituyen un urgente llamado de alerta. La violencia está adquiriendo ribetes inquietantes y se corre el riesgo de que se termine normalizando esta situación. La democracia debe ser eficiente para combatir la delincuencia; de lo contrario, esto puede afectar su credibilidad y su sobrevivencia. Las autoridades deben asumir su responsabilidad.

La jornada de violencia que se vivió hace días debe ser un llamado de atención para las autoridades de los tres poderes del Estado, y para la clase política que aspira en 2023 conducir los destinos del país. En Pedro Juan Caballero, sicarios dispararon contra el intendente José Carlos Acevedo. Ese mismo día, cuatro hombres fueron ejecutados a tiros, a manos de asesinos por encargo, en dos hechos ocurridos, uno en el Departamento de Canindeyú, en el distrito de Yby Pytã, y otro en Pedro Juan Caballero.

Uno de los principales riesgos que supone la actual situación es que se lleguen a normalizar estos hechos, que lamentablemente se están volviendo cotidianos. Si se llegara a normalizar esta situación de brutalidad, se estará poniendo en grave riesgo la misma institucionalidad del país. El Paraguay se ve azotado no solamente por una ola de violencia, sino que están emergiendo bolsones cada vez más poderosos de delincuentes que han crecido y se han alimentado de la corrupción política. La sangre derramada por sicarios a lo largo y ancho del país es precisamente el resultado evidente de la aberrante cercanía entre funcionarios venales y delincuentes. Instituciones infestadas por la corrupción se muestran débiles para enfrentar la delincuencia.

Otro elemento que debe pesar en la ecuación es el hecho de que, si la democracia no está resultando eficiente para combatir la delincuencia, el crimen organizado o la acción descarada de sicarios que operan bajo las órdenes de mafiosos y narcotraficantes, más temprano que tarde va a afectar la credibilidad del sistema democrático. En ese escenario puede aparecer otra pesadilla que ya antes se ha cebado en países de la región, y que son los líderes populistas que venden espejitos a sociedades que prácticamente se han acostumbrado a vivir en estado de shock.

El informe Cultura política de la democracia en Paraguay y en las Américas 2021: Tomándole el pulso a la democracia aporta precisamente datos relevantes al debate y al análisis de la situación. Uno de los principales hallazgos refiere a este dato: uno de cada diez paraguayos percibe a la corrupción como el principal problema del país; lo cual, según el estudio, posiciona a Paraguay como el segundo país de la región, después de Colombia, con mayor porcentaje de personas que ven a la corrupción como principal problema. Señala, acerca de esta información, que estos son resultados “poco alentadores” ya que reflejan a una población altamente preocupada por los elevados niveles de corrupción, y, al mismo tiempo, –y esto es lo más alarmante– porque también manifiestan mayor tolerancia frente a estas actitudes.

El porcentaje de paraguayos que creen que todos o la mayoría de los políticos son corruptos ha crecido en 10 puntos porcentuales, y la percepción de que la mayoría de los políticos se encuentran involucrados en actos de corrupción es una de las más altas de la región, solamente superada por Brasil, Perú y Colombia. Apenas un tercio de los paraguayos se sienten satisfechos con el funcionamiento de la democracia.

Definitivamente el país vive un momento difícil, con una ciudadanía que desconfía de la fuerza de la democracia y de las instituciones que se encuentran actualmente azotadas y asediadas por la presión de los grupos delincuenciales. Es en estos momentos cruciales cuando la democracia debe mostrarse eficiente para combatir al crimen organizado; de lo contrario, esto afectará su credibilidad y su sobrevivencia. Las autoridades y la clase política deben asumir su responsabilidad. Si nuestro país se ha convertido en una privilegiada ruta del narcotráfico ha sido precisamente por la complacencia de autoridades policiales, judiciales, políticas y militares. Eso es lo que debe cambiar

Dejá tu comentario