(EFE).-"La pena de muerte es una afrenta a la dignidad humana y una violación de los derechos humanos”, denunció Collins en un fórum organizado en Tokio por la Comisión Europea y la comunidad religiosa italiana de Sant’Egidio.
La vicepresidenta hizo hincapié en la necesidad de crear un debate “abierto” dentro de la sociedad nipona sobre este asunto y, en este sentido, cree que es “importante” que el público reciba una correcta información sobre las condiciones de la pena de muerte en su país.
Junto con Estados Unidos, Japón es la única nación industrializada y democrática que todavía aplica la pena capital, ejecuta en la horca a los condenados sin aviso previo y sin testigos.
La Unión Europea prohíbe expresamente a los estados miembros aplicar la pena capital y cerca de 150 de los 193 países de las Naciones Unidas han eliminado ya esta forma de condena o aprobado una moratoria.
“El método japonés de ejecución por ahorcamiento no es mejor que otros”, indicó Mario Marazziti, portavoz de la Comunidad de Sant’Egidio y diputado del Parlamento italiano, según recogió la agencia Kyodo.
Para Marazziti, los japoneses deben “cambiar su mentalidad” si quieren poner fin a la pena de muerte en su país, comentó sobre una nación en la que más del 85 % de la población apoya esta medida y la considera “inevitable”, según un sondeo oficial de 2010.
Por su parte, el miembro de la Cámara de los Representantes japonesa, Shizuka Kamei, que pertenece a un grupo de legisladores contrarios a la pena de muerte, dijo que la oposición burocrática a este castigo está descendiendo “gradualmente” frente a la presión de la comunidad internacional.
Japón ha llevado a cabo seis ejecuciones este año y actualmente hay 132 presos en el corredor de la muerte, de acuerdo con el ministerio de Justicia japonés.
